Casetas de Pescadores de Ibiza: Entre la Promoción Turística y la Amenaza de Demolición
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La costa de Ibiza ofrece un paisaje singular, donde las calas y playas turísticas se alternan con construcciones ligadas a la tradición pesquera, intrínsecas al patrimonio local. Se estima que en Ibiza existen entre 1.000 y 1.500 casetas varadero, ubicadas en zonas rocosas del litoral, donde históricamente se resguardaban las embarcaciones, conocidas como *llaüts*.
Una reciente orden de demolición de las casetas varadero de Portinatx, una imagen emblemática de Ibiza utilizada incluso en la Feria Turística de Madrid (Fitur), ha reabierto el debate sobre el futuro de estas construcciones, mayoritariamente en manos de familias ibicencas.
“Nos sentimos delincuentes y no son chabolas, son patrimonio de la isla”, declaró un propietario de una de las casetas varadero de Portinatx, tras el fallo de la Audiencia Nacional a favor del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que obliga a demoler el conjunto de construcciones. El Ayuntamiento de Sant Joan había presentado un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión.
El tribunal rechazó la legalización de las once casetas de pescadores y de una terraza del hostal Cas Mallorquí, construidas en dominio público marítimo-terrestre, aplicando la Ley de Costas. El Ayuntamiento defendió la continuidad de las construcciones, alegando su carácter tradicional y etnológico y su intención de incorporarlas al catálogo municipal de patrimonio, argumentando que su ubicación no interrumpe la servidumbre de tránsito.
La Sala consideró que mantener las instalaciones saturaría la cala y obstaculizaría el tránsito público, priorizando usos privativos sobre el uso común general. Andreu Roig, concejal de Medio Ambiente y Urbanismo de Sant Joan, ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional.
Protección Patrimonial: Un Reconocimiento Tardío
En Ibiza, solo un conjunto de trece casetas ubicadas en sa Punta des Molí, en Sant Antoni, están protegidas como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de lugar de interés etnológico, desde 2009. Algo similar ocurre en sa Caleta, en Sant Josep, donde el paraje está protegido desde 2010, aunque las construcciones no se protegieron individualmente.
En el caso de sa Punta des Molí, la solicitud de protección como BIC se realizó por primera vez en 1999, pero el procedimiento se archivó en 2004 debido a que Costas consideraba que las casetas eran de construcción reciente y utilizaban materiales no tradicionales. Argumentos similares se presentaron en 2008 y 2009, añadiendo que ninguna edificación contaba con título administrativo para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. El Consell rechazó estas alegaciones, argumentando que el objeto del expediente era un espacio físico de mayor alcance con gran valor etnológico. El documento reconoce las transformaciones sufridas por las casetas a lo largo de los años, pero considera que son reversibles y que el conjunto sigue teniendo valor etnológico, haciendo urgente su protección ante el riesgo de desaparición. El Plan Especial de Protección determinará qué casetas se conservan, qué intervenciones son posibles y qué usos se permiten.
Un Patrimonio Extendido por Toda Baleares
Las casetas varadero no son exclusivas de las Pitiusas, sino que existen en toda Baleares con diferentes grados de protección. En Formentera, todas las casetas de pescadores están protegidas, eliminando el riesgo de demolición por parte de la Demarcación de Costas.
Según Inma Yáñez, abogada especialista en derecho de Costas y Patrimonio, existe un conflicto potencial entre las competencias de los ayuntamientos y comunidades autónomas para declarar bienes de relevancia local o protección patrimonial, impidiendo su derribo, y la jurisdicción de Costas sobre el dominio público marítimo-terrestre, que le permite actuar sobre construcciones sin concesión, incluso si son de propiedad privada. “La declaración patrimonial no elimina la condición de dominio público marítimo-terrestre. Si las casetas no tienen concesión, Costas puede iniciar un procedimiento de recuperación y obligar a derribarlas”, explica la abogada.
Yáñez se refiere al caso de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), donde los vecinos se enfrentaron judicialmente al Ministerio por la orden de derribo de sus viviendas, construidas en los años 30 con autorización estatal. La Ley de Costas de 1988 prohibió edificar tan cerca del mar, y el MITECO consideró que las casas perjudicaban la dinámica natural de las mareas y la arena, agravando la erosión del entorno natural. Los vecinos lograron una prórroga en septiembre de 2025.
Años de Inacción Administrativa
Yáñez señala que los bienes declarados de relevancia local o protegidos culturalmente solo pueden ser regulados y protegidos por la administración competente (el Ayuntamiento), y cualquier conflicto con Costas debe resolverse en los tribunales. Los ayuntamientos pueden solicitar medidas cautelares para paralizar un derribo mientras se tramita la protección patrimonial.
En Ibiza, para las casetas sin la máxima protección (BIC), la administración local debe incluir específicamente las construcciones en el catálogo, determinando permisos, mantenimiento y regulaciones de uso. “Si no se ha iniciado el procedimiento a tiempo, Costas puede actuar antes que el ayuntamiento”, concluye Yáñez.
La Associació de Defensa de les Casetes Varador de Eivissa denuncia años de “inacción administrativa”. A diferencia de Formentera, solo existen ejemplos contados de enclaves protegidos en Ibiza. El resto de las casetas carecen de protección patrimonial específica que reconozca su valor etnográfico y paisajístico. Javi Ripoll, técnico de la asociación, destaca el impacto ambiental limitado de estas construcciones y su función tradicional de guardar pequeñas embarcaciones, pidiendo una protección que permita su conservación real, adaptando o corrigiendo cualquier intervención posterior que haya desvirtuado su carácter.
