Revés judicial para Ayuso en su ofensiva contra la reforma judicial de Bolaños
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La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid que buscaba obligar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a implementar “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la reforma judicial que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha recurrido esta decisión.
El Ejecutivo regional acusó al departamento dirigido por Félix Bolaños de vulnerar el “principio de lealtad institucional” al no haber activado dichos mecanismos. Este recurso se enmarca en la oposición de la Comunidad de Madrid a esta reforma, que califican de “ideológica”.
Las magistradas de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional argumentaron que la normativa no establece ninguna “obligación positiva y concreta” que permita exigir al Ministerio ese procedimiento.
Fuentes de Justicia sostienen que sí se ha realizado un cálculo de costes de la implantación de la ley y que se han transferido 325 millones de euros a las 12 comunidades con la competencia transferida para financiarla, incluyendo 50,5 millones para la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional considera que la estimación del departamento de Bolaños es “totalmente irreal” debido a la falta de mecanismos para valorar el impacto de su aplicación a largo plazo.
“La Comunidad de Madrid pide que se cuantifique el coste real y se arbitren los mecanismos de compensación a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, afirmó un portavoz, quien defiende que los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, están destinados “exclusivamente a la digitalización de la Justicia en España, no a la implantación de la Ley de Eficiencia”.
Ahorro a futuro
En su resolución, las magistradas confirmaron que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el ente competente para evaluar el impacto de las medidas legislativas del Estado. Este órgano superior de coordinación entre el Estado y las autonomías se encarga de debatir presupuestos, deuda, inversión pública y la financiación autonómica, y, por lo tanto, es el encargado de establecer las posibles compensaciones, lo que “implicaría modificar, a su vez, el sistema de financiación para el siguiente quinquenio”.
La resolución añade que esa valoración quinquenal debe analizar “todos los elementos computables”, ya que el impacto de una medida legislativa en las finanzas autonómicas puede ser tanto negativo como positivo, debido a los posibles ahorros que se generen en el futuro.
El Ministerio estimó los costes de la implantación de la ley en 15,2 millones de euros para el conjunto de comunidades con competencias en materia de Justicia. Para la Comunidad de Madrid, este coste se calculó en 2,4 millones de euros: 196.400 euros en gastos de personal y 2,2 millones en gastos de adecuación de espacios. Las fuentes ministeriales consultadas afirman que también se previó un ahorro de más de 290 millones de euros para las comunidades autónomas en los diez años posteriores a la implantación, de los cuales más de 47 millones corresponderían a la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid insiste en que la ley no refleja el coste de la implantación para las comunidades relacionado con las obras en las sedes judiciales, la señalética, el traslado de material y, sobre todo, el personal.
“Por ejemplo, la nueva sección de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia requiere jueces, fiscales, funcionarios y nuevos espacios que pagaremos, cuyo coste no ha cuantificado la ley. Además, solo los costes de personal por la implantación de esta ley supondrán 15 millones de euros más al año a la Comunidad de Madrid que tampoco tiene en cuenta el Ministerio”, insiste un portavoz.
El recurso interpuesto forma parte de la estrategia de la Comunidad de Madrid para oponerse a esta reforma impulsada por el Ejecutivo. En mayo, Isabel Díaz Ayuso afirmó que esta norma “supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas”.
La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas.
El Ministerio defiende que esto permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”.
Por ejemplo, en lugar de crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce el coste por cada nueva plaza de juez de 400.000 a 86.000 euros, según datos del Ejecutivo.
El Ministerio y las autonomías con la competencia transferida pactaron en diciembre mantener el modelo y la implantación progresiva en tres fases durante 2025, aunque con “cierta flexibilidad”.
Incidencias con la implantación
A pesar de este acuerdo, la implantación no ha estado exenta de incidentes. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que “los procedimientos y causas pendientes estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes”.
Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones, lo que deriva en suspensiones de juicios y retrasos procesales.
También se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos.
