Los actuales responsables del Instituto de la Memoria (Gogora) van a corregir “en el plazo más breve posible” una placa de homenaje a los fusilados durante la Guerra Civil y la posguerra instalada en 2022 en el cementerio de Derio, el de referencia para Bilbao. El motivo es que allí figura como uno más entre los centenares de reconocidos por “defender la democracia” Juan José Domínguez. Aunque en efecto fue ejecutado por el régimen el 1 de septiembre de 1942 tras un proceso sumarísimo sin garantías, Domínguez era falangista, lanzó una bomba de un acto religioso en la basílica de Begoña en el que estaban presentes tanto el ministro del Ejército, José Enrique Varela, como decenas de carlistas y llegó a ser condecorado por Adolf Hitler por su cercanía al nazismo. El atentado de Bilbao, de agosto de ese año, fue la primera gran crisis entre las familias que sustentaron la sublevación y el arranque de la dictadura.

Y se saldó, a las pocas horas del fusilamiento del falangista, con la salida del Gobierno de Varela y del mismísimo Ramón Serrano Súñez, cuñado de Francisco Franco e ideólogo inicial del régimen y muy próximo tanto a la Alemania nazi como a la Italia fascista.

La placa fue descubierta en marzo de 2022, hace ahora cuatro años, en un acto organizado por el anterior equipo de Gogora, con Aintzane Ezenarro al frente. Participaron en él el lehendakari, Iñigo Urkullu, la entonces consejera Beatriz Artolazabal y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, todos ellos del PNV. Se elaboró también un vídeo con los nombres de todos los fusilados por el franquismo y, en la letra ‘D’, aparecía como uno más Domínguez.

Ésta es la crónica de aquel evento.

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Advertido el error —es un personaje glorificado y mitificado por el falangismo aún en el presente y nunca fue “defensor de la democracia”—, Gogora ya ha borrado su nombre de la base de datos de víctimas de la dictadura.

Y ahora adaptará la placa, aunque es un proceso que requiere un tiempo, según indican fuentes oficiales de la institución que ahora tiene a su frente a Alberto Alonso, del PSE-EE.

El atentado de Begoña ocurrió el 16 de agosto de 1942. Según la sentencia que condenó a muerte a Domínguez como su principal instigador, a la que ha tenido acceso este periódico, en el momento de los hechos tenía 26 años. Era “natural de Sevilla” pero “con domicilio en Madrid”.

De formación era abogado, pero trabajaba como “inspector nacional de deportes del Sindicato de Estudiantes Universitarios”. El SEU era una rama de la Falange que aglutinaba a jóvenes nacionalsindicalistas y fascistas.

Domínguez y otras dos personas vinculadas al SEU, el bilbaíno Jorge Hernández Bravo y el lucense Luis Lorenzo Salgado, partieron desde Madrid hasta la frontera hispanofrancesa de Irún, controlada en aquel momento por nazis alemanes, en el coche número 51 de la Falange, que tenía un código propio de matrícula en aquella época. Iban a recibir a combatientes de la División Azul, la unidad creada por Franco para ayudar a Hitler en la II Guerra Mundial.

Regresaban desde Rusia. Recogieron al “soldado repatriado” Virgilio Hernández y fueron a Donostia y luego Bilbao en ese mismo coche. Llegaron a la capital de Bizkaia el 15 de agosto. Por otro lado, se desplazaron desde Valladolid a Donostia y luego a Bilbao en otro coche del partido único, el 565, Hernando Calleja, natural de Orduña, y Eduardo Berastegui, de Irún.

Aparentemente, ambos grupos “se pusieron de acuerdo […] para alterar el orden público por medios violentos” en Begoña, según la sentencia del Consejo de Guerra que acabó con la ejecución de Domínguez. Franco había unificado en una única organización, llamada entonces Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), a las dos grandes familias que le apoyaron en la sublevación, los parafascistas y los carlistas. En el caso vasco, el papel de los carlistas fue decisivo en la conquista de Vitoria y Pamplona ya el mismo 18 de julio de 1936 y en los siguientes meses en las de Donostia y Bilbao.

El 16 de agosto de 1942 era domingo y se había organizado una misa anual en recuerdo de los combatientes del “tercio de requetés” que “hallaron gloriosa muerte en la guerra de liberación”, como llamaban al golpe contra el legítimo orden constitucional.

Aunque todos los presentes eran formalmente miembros de FET y de las JONS, un “elevado número de personas” eran afiliados anteriores de Comunión Tradicionalista, el órgano del carlismo. El ministro Varela, casado con una prominente carlista —su hija era la esposa del guitarrista Paco de Lucía—, estuvo presente en la eucaristía.

“El excelentísimo señor ministro del Ejército […] había llegado en su coche oficial con el distintivo peculiar de su elevado cargo, vistiendo el uniforme de teniente-general en el que ostentaba las dos cruces de San Fernando que hacen inconfundible al bilaureado general que desempeña la suprema jerarquía de los Ejércitos nacionales de Tierra”, se puede leer en el sumario del caso. También está documentado que allí se encontraban otras autoridades estatales, provinciales y municipales.

Entre ellos, el alcalde Tomás Pero-Sanz, carlista.

Y “mientras se celebraba la misa” llegaron los dos coches de falangistas. Aparcaron sus vehículos de tal manera que tenían fácil la vía de escape, sin necesidad de maniobrar. Entraron al templo y esperaron a la finalización del oficio religioso.

Una vez terminado, las versiones difieren. El carlismo y la sentencia del tribunal franquista insisten en que simplemente se escucharon gritos de “exaltación patriótica” y “otros acordes a los postulados del tradicionalismo”. Se niega que se profirieran “Muerte a España” o “Muerte al Caudillo”, como alegaron los procesados para justificar lo que sucedió después.

Lo que sí es claro es que produjo un tumulto y, estando el ministro en la escalinata, Domínguez “sacó del bolsillo del pantalón una bomba de mano de gran potencia que arrojó contra el grupo que formaban las autoridades y el público que las rodeaba”.

El explosivo “providencialmente” se “desvió” pero, “a pesar de ello”, dejó cerca de “sesenta” heridos, como Francisco Martínez, Obdulia Larrea o Roberto Mota. La cifra de afectados la pone la resolución judicial, aunque en mentideros carlistas la elevaban todavía más sin citar el sustento documental.

Según el relato oficial, “el público reaccionó con violencia” ante la “brutal e inesperada agresión” y el propio ministro Varela tuvo que terciar “con su personal influencia” para “calmar los ánimos”. Antonio Pando, al que se describe como un simple “testigo”, arrestó a Domínguez y lo entregó a la Policía Armada, uno de los cuerpos represores del régimen.

Aparentemente, un segundo artefacto no explosionó. Y a Berastegui se le cayó una pistola en la huida. Finalmente, en un episodio de fuga que incluyó el pinchazo de un neumático, los dos coches con matrículas de la Falange fueron interceptados.

En tiempo recórd, en apenas una semana, se constituyó un Consejo de Guerra para condenar a los falangistas.

Se dio por probado un delito “contra la seguridad interior del Estado” al haber intentado “malograr la unidad política nacional” decretada por el dictador al inicio de su mandato. También se subraya que cometieron un delito de “depósito de armas”. Y, como remate, se les añadió un cargo por “atentado” contra el ministro Varela. “Tuvieron que reconocerle” por su uniforme y galones y nunca se pudo interpretar como un asalto casual e improvisado, según la sentencia.

El tribunal estaba compuesto por el general Antonio Castejón, por los coroneles Eladio Becerril, Valeriano Laclaustra, Agustín Hernández, Pedro Berdonces y José María Ordóñez, así como por el auditor Ramón de Orbe, el ponente de la sentencia. De los procesados, fueron condenados a muerte Calleja y Domínguez, pero al primero le conmutaron la pena por su condición de mutilado de guerra. En medio del proceso, Franco reunió a decenas de miles de falangistas en Vigo, en Galicia, y apeló en su discurso a la importancia de la “unidad”. Aquello sucedió el 20 de agosto.

La ejecución tuvo lugar el 1 de septiembre. La Hemeroteca Nacional conserva una docena de cabeceras que recogieron la condena, pero de modo críptico. En todas ellas, sin excepción, aparece un idéntico y brevísimo despacho de la agencia oficial Cifra con estas líneas por toda explicación: “Madrid. – En la madrugada del martes, dia 1, se ha cumplido la sentencia recaída en juicio sumarísimo contra Juan José Dominguez, como autor del lanzamiento de una granada de mano en Begoña (Bilbao), que causó numerosos heridos.

-Cifra”. No se dan más detalles.

Y el 3 de septiembre Franco remodeló su Gobierno. Del Ejecutivo salieron Varela, que le había presentado su dimisión al Jefe del Estado por carta al entender que el falangismo estaba ganando terreno al resto de ‘familias’, y también Serrano Súñer, el ‘cuñadísimo’ y arquitecto de un primer tramo de la dictadura con regusto nazi y fascista.

Él era el que hablaba con Berlín y Roma. Serrano Súñer llegó vivo al siglo XXI. En 2002, ya centenario, concedió una entrevista para ‘El Mundo’ y dijo que “lo de Begoña fue un suceso lamentable, pero no hubo ni fuerza ni unión ni para salvar a Domínguez ni para mantener el poder”. La viuda siempre le reprochó que no usara su influencia familiar directa para detener la ejecución.

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Domínguez, en puertas del cadalso, escribió unas líneas. En ellas, queda claro que no era precisamente un “defensor de la democracia”, como aparecía en la placa. “Fui testigo de un atentado contra nuestro jefe nacional Francisco Franco y respondí con cuanto pude para defender nuestros principios. Él, en estos momentos de vacilaciones impropias de la senda que señaló José Antonio [Primo de Rivera], inconsciente, tal vez, se ha unido a nuestros enemigos seculares extranjeros, pero sabrá responder ante Dios y ante la Historia de una debilidad impropia de un general que ostenta la Gran Cruz Laureada de San Fernando y que grabó con letras de oro una etapa de resurrección nacional.

Juventudes españolas que supisteis con arrojo y valor crear unos corazones capaces de los mayores sacrificios, vigilad a los niños de hoy encauzándolos hacia el yugo y las flechas, signos de unión de una raza que supo morir y vencer ante los enemigos más fuertes del mundo. Os pido reivindiquéis mi nombre y sepáis ser como José Antonio, los forjadores de la España Grande y Libre que él soñaba. Prisión de Larrinaga a las 22 horas y un minuto del día 1 de septiembre de 1942. ¡¡¡Arriba España!!!”, redactó.

Según recogió ‘El Mundo’ en 2002, la esposa de Domínguez, de nombre Celia, y su hija, de muy corta edad, pudieron ir a Bilbao a despedir al condenado. Supuestamente, las alojaron en un hotel de nombre “Alemania”, aunque este periódico no ha podido encontrar ninguna referencia adicional sobre este detalle. La Falange se encargó del entierro en Derio —en 1988 el cuerpo fue reubicado en Madrid— y de dar apoyo económico a la familia. Se da la circunstancia de que el mismo día de la ejecución, encargada a un pelotón de la Guardia Civil, la Alemania de Hitler le concedió la Cruz de la Orden del Águila (originalmente Verdienstorden vom Deutschen Adler).

Algunas publicaciones académicas apuntan que era confidente nazi.