
NUEVO: La Justicia ordena a Ayuso iniciar el registro de objetores al aborto
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictaminado que el gobierno de la Comunidad de Madrid debe comenzar de inmediato los trámites para establecer un registro de médicos que se niegan a practicar abortos por objeción de conciencia en la sanidad pública. Esta orden responde a una solicitud de medida cautelar presentada por el Ministerio de Sanidad, motivada por la inacción del gobierno regional.
La resolución judicial especifica que, aunque la medida cautelar no exige la creación inmediata del registro, sí obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los procedimientos administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto.
Objetivo del registro: La finalidad de este registro es conocer cuántos profesionales en los hospitales públicos están disponibles para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
El tribunal señala que la Comunidad de Madrid votó a favor de crear un protocolo común para estos registros a nivel autonómico durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. En ese momento, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, no expresó objeciones, indicando que la objeción podía ser parcial o total, sin necesidad de justificación, y que los datos estarían “especialmente protegidos”, es decir, no serían públicos.
Sin embargo, el Ejecutivo madrileño no ha iniciado los trámites necesarios.
Acción del Ministerio de Sanidad: El Ministerio de Sanidad recurrió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a una solicitud para poner en marcha el registro y después de que la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, confirmara que no crearía el registro de objetores conforme a lo establecido en la ley del aborto aprobada en 2023. La ley exige un listado de acceso reservado, sin necesidad de justificación, de los médicos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.













