AYUNTAMIENTO DE MADRID AMENAZA CON DESALOJAR A CUATRO ANCIANOS DE PISOS MUNICIPALES
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El Ayuntamiento de Madrid se enfrenta a la controversia por la posible expulsión de cuatro ancianos de apartamentos municipales en el centro de la ciudad. Estos residentes, mayores de 70 años, se niegan a abandonar sus hogares, argumentando que las obras de rehabilitación previstas pueden ser compatibles con su permanencia.
Alejandro, de 81 años, lleva 15 años viviendo en uno de estos apartamentos, ubicados en la calle Jerte. Este espacio ofrece a los mayores servicios asistenciales que garantizan su bienestar, promoviendo al mismo tiempo su autonomía. Sin embargo, ahora se enfrenta a la posibilidad de ser desalojado, una situación que califica de “injusticia social”.
Solo cuatro residentes permanecen en el complejo
Hace dos años, el complejo albergaba a 61 personas. Hoy, solo quedan cuatro, incluyendo a Alejandro. “Tengo 81 años y aquí llevo 15. He recibido una carta en la cual me dicen que tengo cinco días para recurrir o salir de mi casa. Con el pretexto de que se está hundiendo el edificio, quieren derribarlo para hacer no sé qué”, denuncia Alejandro.
Alejandro insiste en que “esta es mi casa, hasta que yo me muera, como consta en el contrato”, y espera que ningún juez considere sensato firmar su desalojo. Su petición al Ayuntamiento es clara: “Que comiencen las obras que tengan que hacer, las realmente necesarias, para que puedan venir todos los que están fuera y se están muriendo de pena. Son compatibles con que estemos nosotros dentro”.
Movilización vecinal ante la falta de información
La Asociación Vecinal La Chispera respalda a los residentes y cuestiona la necesidad de vaciar completamente el edificio para ejecutar las obras. Exigen que el Ayuntamiento haga público el informe técnico que justifica esta medida.
Según La Chispera, sus propios arquitectos han desmontado el argumento técnico del Consistorio, señalando que el informe municipal no contempla razones que justifiquen el desalojo. Solo recoge que el bloque necesita reformas y no cumple las normativas, “una circunstancia que se da en la mitad de edificios de Madrid”.
La asociación critica los cambios en la justificación de las obras por parte del Ayuntamiento. Inicialmente se hablaba de “mejoras y mantenimiento”, pero luego se definieron como “subsanación de patologías”. “En lenguaje técnico, patologías engloba desde humedades o deficiencias en instalaciones hasta problemas estructurales; por sí solo, no significa que exista un riesgo de inseguridad ni que las obras no puedan ejecutarse por fases con parte del edificio ocupado”, argumentan desde La Chispera.
El Ayuntamiento defiende su postura
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, defiende que el inmueble presenta importantes deficiencias que requieren una rehabilitación integral, con una inversión estimada de 3,8 millones de euros. La ejecución de estas obras quedó paralizada debido a la negativa de los cuatro residentes a abandonar el edificio.
Según fuentes municipales, “los técnicos municipales han establecido que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios”. El Ayuntamiento lamenta la “actitud irresponsable” de los residentes, que “perjudica a los 57 usuarios que sí entendieron la necesidad de acometer la obra y que desde octubre de 2024 se encuentran realojados en otros recursos”.
Alternativas de realojo controvertidas
El Consistorio asegura que a los residentes se les han ofrecido las mismas alternativas que a sus compañeros, incluyendo alojamiento temporal en una residencia con servicios de alimentación, lavandería, fisioterapia y atención sanitaria. Sin embargo, La Chispera critica estas alternativas, argumentando que son más lejanas, más caras y menos autónomas.
“No se ofrecen soluciones adecuadas a la gente que echan. Se les ha mandado muy lejos y a residencias que no les dejan esa misma autonomía. Eso te hace perder tu identidad, tu barrio, tu independencia”, lamentan desde la asociación vecinal.
La Chispera teme que la operación esté vinculada con “el auge de los pisos turísticos y la especulación, de manera que se esté contemplando un cambio de uso y una cesión a manos privadas”, aunque el Ayuntamiento niega estas acusaciones.
La situación de Alejandro y sus compañeros sigue siendo incierta, con el temor de que los desalojos se ejecuten “en cualquier momento”. La controversia pone de manifiesto la dificultad de equilibrar la necesidad de rehabilitar edificios con el derecho de los ancianos a permanecer en sus hogares y mantener su autonomía.
