Andalucía eliminó el control previo de los contratos sanitarios tras un informe desfavorable de 29 millones
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En agosto de 2020, la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) detuvo un contrato de emergencia con clínicas privadas por valor de 28,8 millones de euros, alegando que el estado de alarma por COVID-19 había finalizado. La Junta solicitó un contrainforme y, posteriormente, modificó el sistema de fiscalización interna.
El 11 de agosto de 2020, Blanca Pons, interventora general del SAS, emitió un informe de disconformidad con efectos suspensivos, bloqueando la compra de “equipamiento médico inventariable para contingencia del COVID-19”. Sus objeciones se basaban en que el estado de alarma había concluido el 21 de junio de 2020 y que el expediente de gasto no contaba con la aprobación del Consejo de Gobierno, requisito para contratos superiores a ocho millones de euros.
Este fue el último informe de control previo que paralizó un contrato de emergencia con una clínica privada, ya que dos meses después, el 6 de octubre, el gobierno de Juan Manuel Moreno suprimió la fiscalización previa, sustituyéndola por auditorías a posteriori.
Los reparos planteados en aquel informe reaparecieron dos años después en auditorías internas, ahora bajo el sistema de control financiero permanente. Los interventores provinciales del SAS identificaron “irregularidades” en la contratación de emergencia con clínicas privadas, que sirven de base a investigaciones judiciales por prevaricación y malversación de fondos. PSOE y Podemos se han personado como acusación popular.
Fechas clave: de agosto a octubre de 2020
El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma, flexibilizando las leyes de contratación pública para agilizar la respuesta a la crisis sanitaria. Ese mismo mes, Miguel Ángel Guzmán, director gerente del SAS, firmó resoluciones para la “contratación de emergencia de servicios sanitarios complementarios”, justificando la urgencia por la suspensión de la actividad asistencial programada.
Tras seis prórrogas, el estado de alarma finalizó el 21 de junio de 2020. A partir de entonces, la Intervención Central del SAS consideró injustificada la contratación sistemática por la vía de urgencia con la sanidad privada y, el 11 de agosto, paralizó un contrato a dedo.
En su informe, Pons también señaló que las resoluciones de Guzmán carecían de firma digital, comprometiendo el sistema de adjudicación directa del SAS con la sanidad privada. El 17 de agosto, la viceconsejera de Salud, Catalina García, elevó un contrainforme a la Intervención General de la Junta, exponiendo las “discrepancias” con los reparos que habían bloqueado el contrato de 29 millones.
Dos motivos de reparo, uno desestimado y otro obviado
La Consejería de Salud criticó la “falta de fundamentación expresa” del primer reparo y argumentó que la firma digital no era exigible. La entonces interventora general de la Junta, Amelia Martínez, solicitó a los servicios jurídicos un informe sobre el segundo reparo, obviando el primero.
El 14 de septiembre, el Gabinete Jurídico de la Junta emitió un informe que desbloqueó el contrato de emergencia, dando la razón a la Consejería de Salud sobre la no obligatoriedad de la autorización del Consejo de Gobierno. Sin embargo, no se pronunció sobre el principal reparo: la finalización del estado de alarma.
Las acusaciones señalan este punto ciego en la investigación, cuestionando la legalidad de la contratación a dedo tras la derogación del Real Decreto que habilitaba a las comunidades para agilizar el gasto directo. El 17 de septiembre, la Intervención General de la Junta desestimó el informe desfavorable de la auditora jefa del SAS y levantó la suspensión del contrato, restando importancia a la ausencia de firma digital.
El SAS obtuvo el aval de la Intervención General y del Gabinete Jurídico de la Junta para contratar a dedo con la sanidad privada “sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público”. A pesar de ello, los reparos de los auditores del SAS quedaron sin evaluar.
El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo que retiró los controles previos a los contratos sanitarios de emergencia, sustituyéndolos por la fiscalización a posteriori. Este acuerdo desactivó los reparos planteados por la Intervención del SAS y aparece citado en los informes de disconformidad sobre la contratación con la sanidad privada en ejercicios posteriores.
Tras retirar los controles previos, el SAS sistematizó la contratación a dedo con clínicas privadas, adjudicando 243 millones de euros que son objeto de investigaciones judiciales.
Una decisión clave sin autor material
Los altos cargos de la Junta implicados en esta secuencia de informes fueron citados a declarar ante el juez que investigaba un presunto delito de prevaricación en los contratos sanitarios de emergencia. Los responsables directos admitieron que el acuerdo de retirar los controles previos se adoptó sin “informe preceptivo”.
La ex interventora general de la Junta aseguró que la decisión se tomó verbalmente en un *consejillo* entre la ex viceconsejera de Salud y el ex número dos de Hacienda, quienes señalaron a los “técnicos” del SAS. Cuatro altos cargos justificaron las prórrogas a la contratación de emergencia, pero ninguno asumió la responsabilidad directa de la decisión.
Las interventoras responsables de los informes desfavorables se ratificaron ante el juez en los “incumplimientos detectados”, aunque descartaron alertar por un posible delito de menoscabo de fondos al observar “cierta mejoría” en la contratación posterior.
