Los Martínez de Irujo se libran, por ahora, de declarar por los pozos ilegales de la Casa de Alba
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La instrucción del caso de los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba, ubicados en la finca Aljójbar (Aznalcázar, Sevilla), está a punto de concluir. El juez ha denegado una nueva prórroga solicitada por la Fiscalía, argumentando que la investigación está “prácticamente agotada” y solo resta la declaración de un perito de la defensa.
Esto implica que los hermanos Martínez de Irujo, cuya imputación había sido solicitada por la fiscalía, se libran –al menos en esta fase– de comparecer ante el juzgado. No obstante, habrá que esperar al cierre de la instrucción y al escrito de acusación del Ministerio Público para determinar si finalmente quedan fuera de la causa.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha concedido varias prórrogas en este caso, que se inició en 2023 con el precintado de los pozos por la Guardia Civil. La última prórroga expiró el 8 de marzo, y la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó una nueva debido a la “especial complejidad” del caso, petición que fue denegada por el magistrado.
El juez argumenta que la investigación está prácticamente finalizada y que solo falta la “ratificación pericial” solicitada por la defensa, con la comparecencia del autor del contrainforme que intenta refutar el informe de la Guardia Civil. El instituto armado estima en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con las extracciones sin licencia, a lo que se sumarían alrededor de un millón de euros en concepto de daño ambiental.
Imputado hasta la fecha un sobrino
La declaración de este perito, prevista para el 21 de abril, sería la única pendiente antes de cerrar la instrucción.
De esta manera, se descarta que los Martínez de Irujo tengan que comparecer como imputados, como había solicitado inicialmente la Fiscalía. El ministerio público pidió hace meses que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil.
Según el informe de la Guardia Civil, los consejeros son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien hasta ahora es el único que ha declarado como investigado. El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la Guardia Civil, es administrador y miembro del consejo en representación de su padre, quien se quedó con Aljójbar tras un acuerdo en 2016.
Inicialmente, Eugenia Martínez de Irujo fue imputada por ser presidenta de Eurotécnica Agraria al descubrirse los hechos, pero el juez la excluyó posteriormente. Luis Martínez de Irujo, administrador de la finca, declaró no estar al tanto de la gestión diaria. Actualmente, Cayetano Martínez de Irujo es el presidente del consejo desde diciembre de 2023.
Se acogió a su derecho a no declarar
El juez informó a la fiscal que, dependiendo de si se imputaba a Eurotécnica Agraria responsabilidad penal o civil subsidiaria, citaría o no como investigados a los hermanos del duque de Alba. Si se optaba por la responsabilidad penal, la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.
Finalmente, la Fiscalía optó por la vía de la responsabilidad penal y que se investigase así a la persona jurídica tras el CIF de la empresa, lo que llevó en septiembre de 2025 a una segunda declaración como imputado del duque de Aliaga. En esa ocasión, se acogió a su derecho a no declarar.
La defensa ha apuntado en todo momento a la responsabilidad del sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba. Se subraya que “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga, y que los restantes miembros del consejo de administración no tienen conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljójbar ni a los hechos investigados.
Deniega que testifiquen los denunciantes
De esta manera, los hermanos del duque de Alba evitan tener que pasar por el juzgado. Solo acudirá como testigo el perito que realizó el informe técnico para rebatir el de la Guardia Civil, quien alegó que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. La defensa acusa a la Guardia Civil de “tergiversar datos” para imputarle daños inexistentes, y defiende que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada.
El juez ha denegado el resto de peticiones de la Casa de Alba, incluyendo la declaración de otro de sus peritos y la de los tres extrabajadores cuya denuncia dio origen a la investigación, “dado que nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa”, va a deparar su testimonio en este momento procesal.
