
La Fiscal General recurrirá al Constitucional la condena de García Ortiz
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La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado que la Fiscalía presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó al ex Fiscal General, Álvaro García Ortiz.
El anuncio se realizó en una entrevista en el programa *La noche en 24 horas* de TVE, donde Peramato explicó que la decisión surge a raíz de la propuesta de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, de interponer dicho recurso.
En paralelo, la Abogacía del Estado, que representó a García Ortiz durante el proceso, también planea presentar su propio recurso de amparo antes de que finalice el mes de marzo.
Antecedentes del caso
En febrero, el Tribunal Supremo rechazó anular la sentencia que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación. El Alto Tribunal consideró probado que el ex fiscal general o alguien de su entorno filtró a la prensa un correo electrónico del abogado de González Amador, junto con la confesión de fraude fiscal del empresario.
La condena implicó la inhabilitación para ejercer como fiscal general, el pago de una multa y una indemnización.
Argumentos de la defensa
La defensa de García Ortiz argumentó ante el Supremo que se habían vulnerado varios derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva, denunciando siete motivos de nulidad.
Por su parte, la teniente fiscal del Supremo sostuvo que los jueces de la Sala de lo Penal ignoraron pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Alegó que se realizó una “incompleta selección de los hechos” al omitir testimonios clave de periodistas que afirmaron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal antes de que lo obtuviera el fiscal general.
Situación actual de García Ortiz
Tras su condena, García Ortiz se reincorporó como fiscal a la Sección Social del Supremo, luego de la decisión de Peramato de no expulsarlo de la carrera fiscal. La fiscal general argumentó que, al no haber sido condenado a prisión, debía aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, quienes solo pierden su condición en caso de condena a prisión.













