Unos 2.500 agricultores y ganaderos se han concentrado este jueves para protestar por la escalada de precios del gasóleo agrícola. La manifestación, convocada en apenas dos días, es el primer acto de una serie de movilizaciones para denunciar lo que consideran una “crisis energética provocada intencionadamente”.

Los manifestantes han señalado directamente a “unos partidos políticos” en España por no haber aprobado una normativa la semana pasada que, según afirman, “evite claramente que se pueda especular cuando hay una crisis”.

Consideran que esta inacción es una de las causas de la situación actual.

Además, han cargado contra las “industrias y comercializadores de carburantes”, a quienes acusan de especular. “En España hay unos culpables, claramente, hay unos partidos políticos que se han opuesto a que se saque una normativa que evite que se pueda especular cuando hay una crisis”, ha sentenciado uno de los portavoces, según ha apuntado Aurelio González, secretario regional de UPA. 

Los profesionales del campo denuncian que el gasóleo B, el de uso agrícola, ha experimentado una subida superior a la del gasóleo A, utilizado para la automoción.

“Eso es imperdonable, eso es especulación pura y dura”, han afirmado durante la protesta.

El sector se siente de nuevo castigado, tras haber afrontado las consecuencias de la “guerra de Ucrania con la bajada de los precios de los cereales”. “Los agricultores y los ganaderos no podemos seguir soportando más gastos de guerra”, han clamado.

Advierten de que este es solo el “primer acto de protestas” y que seguirán luchando si la situación no cambia.

“Ya teníamos el gasóleo a unos precios muy altos”, lamenta Juan Ramón Alonso, presidente de ASAJA en Valladolid. Esto hace “muy difícil” que los cultivos sean rentables.

Las explotaciones van a ver incrementados sus gastos y con ello mermada su capacidad de rentabilidad. 

Las opas bloquean el centro logístico de hidrocarburos Exolum (CLH) de Santovenia de Pisuerga.  La protesta de hoy es “un toque de atención” sobre todo a las administraciones para que tomen mediadas para evitar la especulación.  Y es que, argumentan, las petroleras o las fábricas de fertilizantes aprovechan la coyuntura pero “es porque alguien les deja porque la Administración no tiene una legislación que impida estas prácticas abusivas y desproporcionadas”, lamenta Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de la UCCL. 

De no frenarse esta escalada, las organizaciones avisan de un inminente “jaque mate”: los profesionales no podrán arrancar sus tractores porque producir a pérdidas es inviable. Esta paralización mermará la producción y terminará encareciendo la cesta de la compra de todos los consumidores entre un 10 y un 15 por ciento.