Investigación por presunta malversación en la Fundación Andaluza FAFFE
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Un juzgado de Sevilla ha dictado procesamiento contra Fernando Villén, exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), junto a otros cinco ex altos cargos, en una pieza separada del caso de los cursos de formación. Esta causa está vinculada a las ayudas de 4,8 millones de euros otorgadas al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando (Cádiz).
El auto judicial acuerda seguir las diligencias previas mediante un procedimiento abreviado, al considerar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, falsedad y malversación.
Ahora, la Fiscalía y las acusaciones personadas deberán solicitar la apertura del juicio oral, formular escrito de acusación o, de forma excepcional, solicitar diligencias complementarias indispensables.
La resolución judicial considera que existen indicios suficientes de criminalidad relacionados con la concesión y gestión de subvenciones destinadas a la formación profesional para el empleo.
Irregularidades en la concesión de subvenciones
La investigación se centra en las presuntas irregularidades en el proceso de concesión, gestión y justificación de subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando entre los años 2007 y 2012. El perjuicio al patrimonio público se estima en 4,8 millones de euros, correspondientes a los expedientes de reintegro total de las ayudas.
Entre los procesados se encuentran cuatro exdirectores generales de Formación para el Empleo, un exdelegado de Empleo en Cádiz y el propio Fernando Villén, quien ya fue condenado en otra causa por pagos ilícitos en prostíbulos.
El juez instructor sostiene que las ayudas se concedieron de forma “arbitraria”, omitiendo cualquier valoración técnica de los proyectos y permitiendo que los fondos terminaran en la extinta FAFFE.
Falsedad en la justificación de los fondos
Según el magistrado, se emitieron certificados de justificación “mendaces” para liberar pagos, a pesar de que los expedientes administrativos carecían de documentación esencial, como facturas o memorias que acreditaran la realización efectiva de los cursos.
