A las 8 de la mañana del 10 de marzo de 1972, la Policía Armada disparó contra los más de 4.000 trabajadores del astillero Bazán que cruzaban el puente de As Pías en dirección al barrio de Caranza, en Ferrol. Reclamaban un convenio local y buscaban la solidaridad de sus compañeros de Astano, en Fene, y del sector de la construcción. En el asfalto quedaron los cadáveres de Amador Rey y Daniel Niebla. Hubo más de cien heridos.

Y la represión se abatió sobre el potente movimiento obrero de la ciudad, cuya dirigencia sindical comandaban las clandestinas Comisiones Obreras. Cincuenta y cuatro años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido una declaración institucional en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha impulsado el texto. Ferrol es su ciudad natal y su padre, Suso Díaz, sindicalista y comunista, muerto el pasado julio, sufrió prisión tras los sucesos del 72.

“El Gobierno reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática”, dice una declaración que también firma Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Fueron las Comisiones Obreras a las que pertenecían los comunistas Rey y Niebla las que, ya en 1978 y desaparecida la dictadura, propusieron conmemorar cada 10 de marzo el Día da Clase Obreira Galega. Lo hacían, desde casi el mismo 1972, poetas y cantantes. En 1997, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una declaración institucional sobre la efeméride.

En 2006, la Xunta -gobernada entonces por Partido Socialista y BNG- se sumó por primera vez a los actos de las organizaciones sindicales.

Los hechos que desembocaron en los asesinatos del 72 tenían su origen en la discusión del convenio colectivo de Bazán, empresa estatal. Los operarios de la factoría ferrolana defendían un convenio de ámbito local, lo que rechazó la parte empresarial. A la negativa la siguieron prohibición de asambleas, sanciones y amenazas de despido.

Los trabajadores acordaron ir a un paro general, a lo que Bazán respondió con el despido de las cabezas visibles del sindicato. El desalojo violento del astillero fue el preludio de la manifestación del 10 de marzo donde mataron a Amador y Daniel. Solo diez días después, Bazán intentó aparentar normalidad y reanudó el trabajo, pero sin las personas heridas y tras echar a más de cien personas. Otras 50 en Astano y otras compañías de la comarca padecieron idéntico destino.

El Tribunal de Orden Público, antecesor de la Audiencia Nacional, condenó a 10 de los conocidos como 23 de Ferrol. Otros fueron condenados en consejo de guerra. La declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros recoge un repaso sucinto por esta historia.

Más allá de los motivos concretos, los historiadores sitúan lo acontecido como uno de los episodios clave en la lucha contra el régimen franquista.

Aquel convulso 1972 –en septiembre Vigo sería el epicentro de una huelga histórica– supuso la emergencia del movimiento obrero gallego como vanguardia democratizadora y uno de los núcleos principales de la agitación social contra la dictadura. “El Gobierno considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Ferrol y del conjunto de la sociedad”, remata el texto oficial, “y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz”.