Rubén Pérez: "Hay miles de personas que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia y no están denunciando

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, visitó Pamplona para una reunión de las comunidades autónomas sobre los sistemas de notificación de la violencia contra la infancia. En la capital navarra se inauguró recientemente un centro Barnahus, un espacio adaptado a la infancia donde se centralizan los servicios y protocolos ante denuncias por violencia sexual.

Pérez Correa lamentó que “miles” de personas que sufrieron violencia sexual en la infancia no la hayan denunciado. Aseguró que el modelo Barnahus “funciona”, “acelera” los procesos y “ha venido para quedarse”.

Reducción de los Tiempos Judiciales

Ante un informe de Save The Children que indica que cuatro de cada diez procesos judiciales de violencia sexual en menores se prolongan más de tres años, Pérez Correa reconoció un “serio problema” no solo en la duración de los procesos, sino también en la información previa para realizar una denuncia. Destacó el modelo Barnahus como una solución para reducir los tiempos y facilitar el proceso judicial, al centralizar todos los servicios y protocolos en un mismo edificio.

Además, mencionó un informe de prevalencia que revela que el 28% de los adultos dicen haber sido víctimas de violencia sexual en la infancia, lo que indica que miles no han denunciado.

El Modelo Barnahus y la Revictimización

Pérez Correa subrayó que los centros Barnahus, diseñados como escuelas infantiles con mobiliario y zonas de juegos, permiten generar pruebas preconstituidas, tomar declaraciones al menor y ofrecer acompañamiento psicológico y forense. Además, mencionó la aprobación de una ley de eficiencia del sistema judicial que crea secciones de infancia y adolescencia en los juzgados, lo que acelerará los procesos de protección a la infancia.

El secretario de Estado afirmó que este modelo está funcionando en Europa, especialmente en Catalunya, donde ya existen 12 centros Barnahus. Los primeros indicadores señalan que el proceso es más rápido, menos traumático y que las familias pueden acompañar al menor, lo que facilita la declaración.

Mejoras en las Condenas y el Entorno de la Declaración

Pérez Correa explicó que el entorno donde el menor declara influye en su testimonio. En un Barnahus, se evita que el menor declare algo diferente a lo que dijo en sede policial, lo que puede generar contradicciones y llevar a que los jueces no den validez al testimonio. El ambiente protector en todo el proceso y la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el Barnahus ayudan a evitar la falta de pruebas y las contradicciones.

Juzgados Especializados y Coordinación Interinstitucional

Aunque inicialmente solo se han anunciado tres juzgados especializados, Pérez Correa señaló que la mayoría de los casos de violencia sexual hacia niñas se están canalizando en los juzgados de Violencia de Género. Se está debatiendo si deben estar en las secciones de Infancia. En septiembre se revisará el número de necesidades del sistema judicial y se espera que se abran más juzgados especializados.

El Ministerio está planteando una modificación de la LOPIVI para mejorar la coordinación entre instituciones y simplificar el proceso para quienes denuncian. Se busca que los jueces escuchen al menor de manera clara, independientemente de si hay causa Barnahus o sección de Infancia. También se pretende fortalecer la figura de los coordinadores de bienestar en los centros educativos para detectar y derivar casos de violencia sexual.

Reforma de la LOPIVI y Endurecimiento de las Leyes

Se ha cerrado una propuesta de texto para reformar la LOPIVI, que se ha trasladado al Ministerio de Justicia. Se espera que en los próximos meses se llegue a un consenso, incluyendo consultas con el Consejo General del Poder Judicial.

En relación con un campamento en Álava y Navarra que ha recibido denuncias por violencia sexual, el Gobierno vasco quiere endurecer la ley para que se pidan antecedentes de delitos sexuales. Pérez Correa señaló que ya existe esta medida, pero que se debe fortalecer para evitar que personas condenadas por violencia sexual puedan reincorporarse al ámbito educativo. Se propone reformar la LOPIVI para apartar de manera indefinida a quienes hayan tenido condenas de este tipo.

Ley de Violencia Vicaria

Ante las diferencias entre ministerios sobre la Ley de Violencia Vicaria, Pérez Correa afirmó que un maltratador nunca es un buen padre y que se debe suspender el régimen de visitas cuando hay una denuncia de violencia de género. Se han logrado avances en la escucha de los menores, pero es necesario desatascar esta cuestión, que es demandada por una parte importante de la judicatura.

El Debate sobre la Pornografía y la Educación Afectivo-Sexual

Pérez Correa advirtió que centrar el debate público solo en la pornografía desplaza la discusión sobre los déficits en educación afectivo-sexual. Destacó la importancia de abordar los entornos digitales de manera global, considerando su impacto en la educación, la afectividad, la salud mental y los patrones adictivos. Criticó la impunidad con la que operan los suministradores de contenido pornográfico y la falta de prevención y precaución en el acceso de los menores.

Defendió la necesidad de una cultura de prevención y educación afectivo-sexual en los centros educativos, argumentando que es un derecho del menor que no puede ser prohibido por los padres. Reconoció que el Ministerio de Educación está trabajando con las comunidades autónomas para recuperar el currículo educativo en este ámbito y evitar las carencias que los menores están buscando en Internet.

Feminismo y Redes Sociales

Pérez Correa expresó optimismo ante la ola conservadora de los jóvenes, señalando datos que indican que la mayoría está de acuerdo en que sus compañeras cobren lo mismo y tengan los mismos derechos. Sin embargo, reconoció que el término “feminismo” se ha convertido en algo pernicioso.

El Estado debe evitar que las redes sociales se conviertan en un elemento de manipulación y tergiversación, y regular los delitos de odio, insultos y amenazas en los entornos digitales. La ley de Entornos Digitales busca lograr un cambio de paradigma en este sentido.

Acceso a Redes Sociales y Edad de Voto

Pérez Correa explicó que la Ley Orgánica de Protección de Datos prohíbe que menores de 14 años tengan redes sociales, ya que no pueden ceder sus datos a un operador privado. La ley de Entornos Digitales busca elevar esta edad a 16 años y obligar al sector tecnológico a adaptar las redes para menores, por ejemplo, impidiendo que interactúen con adultos no autorizados por los padres.

Finalmente, defendió adelantar la edad de voto a los 16 años para que los jóvenes participen en las reflexiones sobre los valores democráticos y tengan derecho a votar al Gobierno que arbitrará el convenio colectivo que se les aplicará al empezar a trabajar.