Nuevas Medidas Económicas del Gobierno ante la Subida de Combustibles
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El Gobierno español está preparando un nuevo paquete de medidas fiscales con el objetivo de mitigar el impacto del aumento en los precios de los combustibles. A diferencia de la respuesta inicial a la guerra en Ucrania, el Ejecutivo descarta subvenciones generalizadas a la gasolina, optando por un enfoque más selectivo dirigido a los sectores más vulnerables, como el agrícola y el del transporte.
Así lo confirmó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras una reunión con sindicatos y patronales. Si bien no se detallaron medidas concretas, el Gobierno busca consensuar cualquier actuación con los agentes sociales y los grupos parlamentarios, cuyo respaldo es crucial para la aprobación de cualquier paquete de medidas en el Congreso.
Enfoque en Energías Renovables y Medidas Quirúrgicas
El ministro Cuerpo señaló que el Gobierno trabajará en dos frentes. En primer lugar, se impulsarán medidas estructurales para fomentar las energías renovables, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles y su volatilidad. En segundo lugar, se implementarán medidas más específicas para abordar el aumento del precio de la energía, que actualmente es la principal preocupación.
El Gobierno está realizando un “análisis riguroso” para determinar las mejores medidas, tomando en cuenta la experiencia de la crisis energética de 2022 y 2023. La bonificación generalizada de los combustibles, implementada en aquel entonces, ha sido prácticamente descartada. “Parece que, en las circunstancias actuales, la bonificación sería una de las medidas que menos nos aconsejan los sectores y los agentes sociales”, afirmó el ministro.
En este sentido, el Gobierno colaborará estrechamente con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar comportamientos “anómalos” en las gasolineras y asegurar que la reducción en los precios del crudo se refleje en los precios de los carburantes.
Protección a Hogares Vulnerables y el Mecanismo Ibérico
El Gobierno también considera reactivar algunas de las medidas del escudo social que ya no están en vigor, como la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables. Este potencial Real Decreto-Ley aún no tiene fecha definida, ya que la prioridad del Ejecutivo es cerrar el texto lo antes posible.
Otra medida implementada hace cuatro años, cuando el precio del gas se disparó, fue el mecanismo ibérico, que limitó los precios en España y Portugal. Si bien aún es pronto para plantear esta opción, no se descarta por completo. “Estamos en una situación muy lejana a la que ocurrió con el conflicto en Ucrania”, aseguró Cuerpo, señalando que el precio del gas se encuentra actualmente en el “entorno de los 50 euros”, mientras que durante el conflicto estuvo “por encima de los 200 euros”. No obstante, la opción del tope al gas está “preparada” y requeriría la colaboración de las autoridades europeas y portuguesas.
El Gobierno ha insistido en que cualquier medida adoptada debe ser “responsable” en cuanto a su impacto en las cuentas públicas y lo suficientemente flexible para adaptarse si el conflicto se prolonga. A diferencia de 2022, las reglas fiscales están en vigor, lo que dificulta el incumplimiento de los compromisos presupuestarios.
El ministro Cuerpo descartó la reducción del IVA de los alimentos, argumentando que no se está observando una afectación significativa en estos precios. Tampoco se contemplan intervenciones en el mercado de la vivienda, como la congelación de los alquileres.
Sin embargo, se considera un posible alivio en el IVA de la electricidad, ya que existe un “bastante consenso” sobre esta medida, que ayudó a reducir los precios en el anterior shock de precios.
En materia laboral, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado que están disponibles instrumentos de protección del empleo y las empresas, como los ERTE, y que es necesario aprobar “más medidas”, entre las que ha mencionado “probablemente prohibir despidos por causas energéticas como hicimos en otras crisis”.
Reclamaciones de los Sindicatos
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han reclamado la reducción del precio de los transportes públicos y evitar rebajas masivas de impuestos. Sordo ha pedido que las medidas fiscales vayan acompañadas de “medidas eficaces del control de los precios y de la transmisión de precios a los ciudadanos”. Álvarez ha añadido que “no se trata de quitar IVAs sin más, porque no todo el mundo tiene la misma participación a la hora de consumir”.
