Audiencia Nacional paraliza análisis de material incautado a Leire Díez
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La Audiencia Nacional ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detenga el análisis del material incautado a Leire Díez, exmilitante del PSOE, en el marco de una investigación por presunta corrupción en contratos públicos. El juez Santiago Pedraz exige que se entreguen “todos los efectos originales intervenidos” en el domicilio de Díez y prohíbe el uso del contenido de los dispositivos hasta que se realice un “expurgo” para separar la información relevante para la investigación.
Esta decisión, plasmada en una providencia del 4 de marzo, implica la apertura de una pieza separada y reservada para dicho expurgo, lo que subraya el control que el magistrado busca ejercer sobre la investigación. La medida se produce en un contexto en el que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, cuya prórroga está prevista hasta el 8 de abril.
El objetivo del expurgo
La decisión de realizar un expurgo se alinea con otras medidas adoptadas por el juez a lo largo de la instrucción, como la autorización para el uso de ciertas cuentas bancarias para gastos ordinarios de los investigados y sus familiares. La defensa de Leire Díez había solicitado la devolución de los dispositivos incautados y el desbloqueo de cuentas, así como la eliminación de información no relacionada con los hechos investigados, que se circunscriben al período 2021-2023.
La defensa argumentó que la UCO podría recabar información ajena a la investigación, emitiendo juicios de valor sobre la vida personal y profesional de los investigados, lo que contravendría el principio del derecho penal de acto. Según la defensa, se incautaron incluso agendas de 2025, que difícilmente podrían estar relacionadas con los hechos investigados.
Además, se denunció que los agentes modificaron las contraseñas de los correos electrónicos de Díez y su esposo, obteniendo acceso a información personal y sensible.
Contratos bajo investigación
La investigación se centra en cinco contratos públicos en los que los investigados habrían podido influir a cambio de comisiones ilegales. Entre ellos destaca el rescate de 112,8 millones de euros otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos en 2021.
Otros contratos investigados son:
* Adjudicación de Mercasa a Servinabar por 18.119,75 euros.
* Contrato de Enusa a Residuos de Melilla (Remesa) por 17.545 euros.
* Adjudicación del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a Erri Berri por 2,8 millones de euros, con una presunta comisión ilegal de 400.000 euros.
* Ayuda de Sepides a Forestalia Arapallet por 17,32 millones de euros, con una presunta comisión de 200.000 euros para los investigados.
