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El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la proposición presentada por PSN y Contigo-Zurekin para derogar la ley de 2022 que garantiza la estabilidad laboral del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad Foral.

El debate y las enmiendas

Durante el debate, Geroa Bai introdujo dos enmiendas que contaron con el respaldo de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin votaron en contra. La inclusión de estas enmiendas, que proponían un régimen transitorio ante la derogación de la ley, llevó a los propios proponentes a votar en contra de su propia iniciativa.

Finalmente, solo Geroa Bai apoyó la ley, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox votaron en contra.

Las enmiendas de Geroa Bai establecían un régimen transitorio que protegía al profesorado de religión con contrato indefinido, garantizando que no perderían su empleo como consecuencia directa de la derogación de la ley. Además, las modificaciones de jornada debían ajustarse a la legislación laboral vigente, respetando los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación.

También se proponía que la Administración educativa pudiera reorganizar destinos y funciones dentro del marco normativo aplicable, siempre y cuando no se perjudicaran los derechos laborales consolidados. Asimismo, se planteaba que el profesorado de religión con contrato indefinido que cumpliera 55 años en el año de entrada en vigor de la ley foral mantuviera íntegramente sus condiciones laborales hasta su jubilación o renuncia.

Otra enmienda de Geroa Bai indicaba que el Departamento de Educación debería adoptar medidas para garantizar que las nuevas contrataciones de profesorado de religión a partir del curso 2026-2027 se realizaran bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Reacciones de los partidos

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, argumentó que el debate no era sobre religión, sino sobre la necesidad de adaptar el sistema educativo público a la realidad actual, criticando el gasto de dos millones de euros anuales en horas de religión que no se imparten.

El parlamentario de UPN, Pedro González, calificó la ley como “de venganza y rencor”, negando que el profesorado de religión supusiera un coste de dos millones de euros para el Gobierno, ya que realizan funciones que, de lo contrario, deberían ser cubiertas por otros docentes.

Eneka Maiz, de EH Bildu, consideró “de justicia” derogar la “ley injusta de 2022”, por vulnerar el laicismo y la igualdad laboral.

Itxaso Soto, de Geroa Bai, cuestionó la reducción de horas de religión en las aulas que implicaría la proposición de ley, señalando que se trataba de una cuestión laboral que afectaba a un colectivo precarizado y feminizado.

Javier García, del PPN, afirmó que la ley era una “profunda injusticia” que precarizaba y castigaba a una parte fundamental del claustro.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, señaló como “anomalías” la persistencia de las enseñanzas religiosas en las aulas y la selección discrecional del profesorado por parte del Arzobispado, sugiriendo que este último debería buscar una solución laboral ante las posibles afecciones.

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, calificó la proposición como un “nuevo ataque ideológico contra la Iglesia católica y contra las familias navarras”, acusando al Gobierno de seguir una agenda “separatista y comunista” para borrar las raíces cristianas de Navarra.