Posible Prevaricación en la Anulación de Sanciones Laborales tras la DANA en Valencia
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El Ministerio de Trabajo ha solicitado a la Fiscalía que investigue si el Gobierno de la Comunidad Valenciana, presidido por Carlos Mazón, incurrió en un delito de prevaricación administrativa al anular diversas sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a empresas. Estas sanciones se debieron a la falta de protección de sus empleados durante el episodio de la DANA de 2024, o por exponerlos a riesgos innecesarios durante la catástrofe, incluyendo un caso en el que un trabajador perdió la vida.
Denuncia pública y procedimientos anulados
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había denunciado públicamente en el Congreso que el gobierno valenciano había anulado varias de estas multas, que superaban las 106 sanciones, impuestas por la Inspección de Trabajo tras la DANA.
Entre los procedimientos anulados destaca el que afectaba a la televisión pública valenciana À Punt, que había sido multada con 50.000 euros. También se anuló una sanción impuesta a una empresa por la muerte de un trabajador. Según denunció Díaz, la empresa obligó al trabajador a laborar en plena alerta roja, fuera de su horario y poniendo en riesgo su vida, tal como relató la familia del fallecido.
Investigación por “prevaricación administrativa”
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a la Fiscalía la anulación de estos procedimientos sancionadores para que se investigue si los hechos pueden constituir un delito de prevaricación administrativa. El Código Penal, en su artículo 404, tipifica como delito de prevaricación de los funcionarios públicos “dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia”, castigándolo con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un período de nueve a quince años.
El Ministerio de Trabajo señala que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia impuso estas sanciones debido a los accidentes laborales ocurridos y a los graves riesgos a los que estuvieron expuestos algunos trabajadores durante la DANA del 29 de octubre de 2024.
La revocación de las actas de infracción por parte de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Valenciana es inusual en el ámbito de las sanciones laborales, según fuentes consultadas.
En el caso de la anulación de la multa a À Punt, la Dirección General de Trabajo justificó su decisión argumentando que, aunque se emitieron alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias, la información disponible no anticipaba la virulencia y los efectos extraordinarios que finalmente se produjeron.
Falta de medidas preventivas y consecuencias fatales
La inspección constató la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores, lo que provocó que estos se vieran sometidos a situaciones de riesgo grave. En uno de los casos, esta situación se materializó en la muerte de un trabajador.
El Ministerio de Trabajo considera que la anulación de los expedientes por parte de la autoridad laboral valenciana fue injustificada, evitando de forma consciente la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores. Por ello, la decisión se considera arbitraria y, potencialmente, delictiva.
