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El Partido Popular (PP) ha elevado la voz de alarma ante el incremento en el número de viviendas afectadas por el deslinde de Costas en la Región de Murcia. Según datos proporcionados por el senador popular Francisco Bernabé, la cifra asciende ya a 600, superando las 400 estimaciones iniciales.

Afectación por zonas: Los núcleos poblacionales más perjudicados por esta medida se localizan en Los Nietos, Cabo de Palos, El Portus, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre, generando una gran incertidumbre y preocupación entre los residentes.

Bernabé, tras reunirse con vecinos afectados en Los Nietos, recordó que solo en este municipio cartagenero, el deslinde impacta a aproximadamente 200 propiedades, de las cuales 80 se encuentran específicamente en Los Nietos.

Iniciativas Parlamentarias del PP

El PP ha impulsado diversas iniciativas parlamentarias con el objetivo de “preservar estos núcleos tradicionales costeros” y excluirlos de los deslindes. Entre ellas, destacan una proposición de ley aprobada en el Senado en marzo de 2024 y otra en el Congreso en junio de 2025. Sin embargo, el senador Bernabé ha denunciado el supuesto bloqueo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en la tramitación de estas leyes, impidiendo su aprobación definitiva.

Moción en el Senado como medida de presión

Como medida adicional, el PP ha registrado una moción en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado.

Esta iniciativa busca generar un debate sobre la situación de los deslindes y los “perjuicios en contra de los derechos a la propiedad privada” con la participación de los gobiernos autonómicos y el Ejecutivo central.

Defensa de la propiedad privada: Bernabé ha insistido en que las propiedades afectadas son viviendas legales, construidas hace décadas, incluso más de un siglo, con licencias de obra y escrituras debidamente inscritas. Subrayó que no se trata de nuevos desarrollos urbanísticos ni especulación inmobiliaria.

La postura del Gobierno Regional

Por su parte, el consejero de Fomento de la Región de Murcia, Jorge García Montoro, ha calificado el proceso como “un atropello” basado en un “deslinde arbitrario, sin ningún tipo de justificación”. Criticó además que las decisiones sobre el litoral se tomen desde Madrid, argumentando que la gestión debe recaer en las autonomías.

Montoro acusó al Gobierno central de intentar modificar la Ley de Costas, que considera obsoleta, “por la puerta de atrás” a través de una modificación del reglamento, supuestamente motivada por un procedimiento de infracción abierto por la Unión Europea contra España.

Respaldo de otras Comunidades Autónomas

Esta postura ha encontrado eco en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En la Segunda Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en Valencia, se acordó enviar una carta conjunta a la ministra para expresar una “postura común frente a estos atropellos” y oponerse a la modificación del reglamento.