Disparate" en el 'caso Begoña Gómez': Críticas a la imputación por apropiación indebida
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Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, enfrenta 23 meses de imputación por cinco delitos en la causa penal instruida por el juez Juan Carlos Peinado. Su asistente, Cristina Álvarez, lleva 14 meses en una situación similar, investigada por tres delitos, incluyendo la apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar a nombre de la Universidad Complutense.
La defensa califica la acusación como “un disparate”
La defensa de la asistente califica la situación como un “disparate”. La investigación ha estado marcada por sobresaltos, con el juez Peinado recibiendo múltiples advertencias por su accionar durante la instrucción. La Audiencia Provincial anuló la decisión de seguir el procedimiento por el tribunal del jurado.
El juez continúa investigando las actividades de Begoña Gómez desde que su esposo asumió la presidencia del Gobierno. La Audiencia Provincial ya había anulado la decisión de tramitar el procedimiento judicial por la vía del jurado.
El historial de la instrucción presenta anomalías, incluyendo imputaciones basadas en declaraciones inexistentes o nombramientos no realizados por los implicados. Altos cargos de Moncloa, el rector de la Universidad Complutense y un directivo del IE fueron imputados sin motivo.
A pesar de que a Peinado le quedan pocos meses antes de su jubilación, se espera que concluya la instrucción del caso para llevar a Begoña Gómez al banquillo.
Los indicios de los delitos atribuidos tanto a la esposa del presidente como a su asistente son considerados débiles.
Detalles de los delitos imputados
Apropiación indebida
Se refiere a una herramienta tecnológica de uso gratuito para pymes, creada durante las actividades de la cátedra y cuyo objetivo era su creación. Dicha herramienta nunca se inscribió a nombre de Begoña Gómez, según comprobó la Universidad Complutense. La esposa del presidente solo registró el dominio web donde se alojó la herramienta, siguiendo indicaciones de la universidad.
A pesar de estos hechos, el juez mantiene la imputación por apropiación indebida. El abogado de Cristina Álvarez critica la investigación, argumentando que su defendida intentó registrar el software a favor de la Universidad Complutense. El fiscal también censuró al juez por esta imputación.
Tráfico de influencias
El juez se basa en una carta de apoyo a una empresa privada firmada por Begoña Gómez como directora de cátedra en la Universidad Complutense. El empresario Juan Carlos Barrabés incluyó esta carta en su oferta a un concurso público, junto con otras 31 cartas similares.
Ninguno de los trabajadores y altos cargos de Red.es que intervinieron en la adjudicación del concurso ha sido imputado ni ha declarado ante el juez.
Malversación de fondos públicos
La asistente de Gómez ayudó en trámites relacionados con su colaboración en la Universidad Complutense, como lo demuestran correos electrónicos enviados a las autoridades universitarias. El juez Peinado, inicialmente contrario a imputar a ambas mujeres por malversación, cambió de opinión. El abogado de Gómez argumenta que es habitual que los trabajadores realicen gestiones personales en horario laboral y que esto no constituye un delito de malversación.
Además, señala que para que la dedicación de la asistente a tareas privadas de Begoña Gómez fuera delito, sería necesario que Cristina Álvarez cobrara un sueldo sin realizar sus funciones, lo cual no consta.
Intrusismo profesional
Begoña Gómez propuso la creación de una cátedra en la Universidad Complutense para investigar aplicaciones informáticas que ayudaran a las pymes. Para desarrollar la tecnología, contó con la colaboración de Google, Telefónica e Indra. El juez Peinado sostiene que Gómez carecía de cualificación profesional para firmar los pliegos de condiciones para un contrato de consultoría vinculado a la herramienta.
Sin embargo, la interventora de la Universidad Complutense declaró que las normas obligaban a la directora de la cátedra a firmar los pliegos. La asociación de Abogados del Estado también indicó que no había intrusismo profesional en los hechos. A pesar de esto, Gómez sigue imputada.
Corrupción en los negocios
Begoña Gómez dirigió una cátedra en la Universidad Complutense durante cuatro años y obtuvo más de medio millón de euros en subvenciones para el proyecto educativo. No cobró por su trabajo. Está imputada por corrupción en los negocios. Su actividad privada desde 2012 no le reportó ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional.
Su abogado recordó que la Cátedra de Transformación Social Competitiva “no era remunerada” y que los fondos de empresas privadas se obtuvieron para la Universidad Complutense, no para Begoña Gómez.
La investigación no encontró pruebas de amaño de contratos, enriquecimiento ilícito o negocios con su actividad. La Guardia Civil descartó el delito de tráfico de influencias en un informe inicial, pero el juez no lo tuvo en cuenta.
