DENUNCIA POR FRAUDE EN FACTURACIÓN A UN GRUPO SANITARIO PRIVADO EN OURENSE
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La Fiscalía de Ourense ha presentado una denuncia ante los juzgados tras sospechas de que el centro médico El Carmen, una clínica privada propiedad del Grupo Recoletas, haya inflado facturas al Servizo Galego de Saúde (Sergas). Se investiga si se cobraron intervenciones maxilofaciales con sedación cuando en realidad solo se aplicó anestesia local, facturando así importes superiores a los debidos. La Fiscalía solicita analizar si estos hechos constituyen delitos de falsedad documental y estafa.
Investigación policial revela irregularidades
La investigación, llevada a cabo por la policía judicial, se originó a partir de una denuncia presentada en el verano de 2025 por Xosé Rubal, cirujano maxilofacial asociado a Cosaga, otro centro privado. Durante el proceso, se identificaron tres pacientes que confirmaron haber recibido únicamente anestesia local durante sus intervenciones, a pesar de que las facturas presentadas al Sergas indicaban sedación.
El informe de la policía judicial, entregado en enero de 2026, concluye que el centro médico El Carmen emitió facturas por importes que “no se corresponden con las intervenciones realmente efectuadas, produciendo un perjuicio económico para el erario público”. Se advierte que, de continuar esta práctica, se podría estar facturando al Sergas intervenciones con sedación (a una tarifa más elevada) cuando en realidad se realizan únicamente con anestesia local.
Casos concretos bajo sospecha
La investigación detalla varios casos específicos. Un paciente fue intervenido en dos ocasiones, en 2022 y 2023, con anestesia local, pero el documento de alta indicaba sedación, cobrando 110,89 euros en lugar de los 76,44 euros correspondientes a la extracción con anestesia local. Otro paciente al que se le extrajo una muela del juicio en 2023 también fue facturado como si hubiera recibido sedación.
Otro caso investigado involucra a una paciente a la que se le cobró por separado la consulta inicial (34,25 euros) y la intervención posterior (1.284,77 euros), cuando lo habitual es emitir una única factura. Además, la policía judicial señala que el importe de la intervención “no se corresponde con concepto alguno de los que figura en la autorización de uso”, siendo superior al coste del concepto “quiste odontogénico” (1.218 euros).
Conclusiones del informe policial
Las conclusiones del informe policial apuntan a irregularidades en la inclusión de operaciones con sedación que no se realizaron, así como en la conceptualización, aplicando tarifas que no coinciden con los conceptos autorizados ni con los diagnósticos en los informes médicos. Se constataron “irregularidades en la aplicación de tarifas superiores a las acordadas” y “discrepancias” entre la factura electrónica y el listado de intervenciones entregado físicamente al departamento de admisión.
Externalización de servicios en Ourense
En el área sanitaria de Ourense, los pacientes que requieren intervenciones maxilofaciales son derivados a centros privados. El Consello de Contas ya había criticado esta práctica en un informe de 2024, señalando la falta de un “debido soporte contractual” y la “utilización pertinaz de la figura de la autorización de uso” en la relación con el centro El Carmen.
Actualmente, las derivaciones a El Carmen y Cosaga se amparan en un acuerdo marco vigente desde el 1 de marzo de 2025. En la licitación, la unión de El Carmen y Cosaga obtuvo el lote de procedimientos de media y baja complejidad y parte del de procedimientos de especial diagnóstico y terapéuticos. Los casos complejos se derivan al hospital privado Vithas en Vigo.
Tras la formalización de este acuerdo marco, el médico que presentó la denuncia ante la Fiscalía también acudió a la Comisión Galega da Competencia, alegando que el servicio que ofrece está siendo perjudicado. El cirujano señala que, tras la concentración de Cosaga con El Carmen dentro del Grupo Recoletas, su unidad ha sido marginada, con precios impuestos que considera inviables, reduciendo las alternativas para los pacientes derivados de la sanidad pública.
