Mercado Central, Calle Alfonso, Coso y Las Armas: las zonas más afectadas por los pisos turísticos en Zaragoza que el Ayuntamiento descarta regular

Mercado Central, Calle Alfonso, Coso y Las Armas: las zonas más afectadas por los pisos turísticos en Zaragoza que el Ayuntamiento descarta regular
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Mercado Central, Calle Alfonso, Coso y Las Armas: las zonas más afectadas por los pisos turísticos en Zaragoza que el Ayuntamiento descarta regular

El Ayuntamiento de Zaragoza no regulará, por el momento, la implantación de Viviendas de Uso Turístico (VUT). La decisión se sustenta en los datos de concentración de estos alojamientos, que en las zonas de mayor densidad como el entorno del Mercado Central (4,8%), la calle Alfonso y su área de influencia (entre un 2,4% y un 3,3%) o la zona de Las Armas (2,9%) se mantienen muy por debajo de los límites que han llevado a otras ciudades a intervenir. Así lo ha defendido el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha señalado que estos porcentajes están lejos del 10% que, por ejemplo, se fijó como tope en barrios de Sevilla.

El argumento principal del gobierno municipal se basa en las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a Zaragoza con un 0,24% de VUT sobre el parque total de viviendas, frente a la media nacional del 1,24%. “Estamos muy lejos de tener un problema”, ha afirmado Serrano, indicando que la capital aragonesa ocupa el puesto 39 de 52 ciudades españolas en esta materia.

Además, ha destacado que la tendencia reciente es a la baja, tras alcanzar un pico del 0,29% en noviembre de 2024.

La visión de la oposición es radicalmente distinta. La portavoz del PSOE, Ros Cihuelo, ha alertado de que las cifras oficiales solo muestran una parte del fenómeno. Según sus datos, a las cerca de 800 viviendas turísticas registradas se suman entre 250 y 300 que operan sin licencia. Esta situación la ha llevado a asegurar que “una de cada tres viviendas de uso turístico” podría estar funcionando al margen de la ley en la ciudad.

Este mercado clandestino, según ha denunciado Cihuelo, genera una “economía sumergida de entre 3 y 5 millones de euros al año” y supone una “competencia desleal” para el sector hotelero reglado.

La portavoz socialista ha citado los datos de la propia patronal hotelera HORECA, que ha urgido al consistorio a regular la actividad para proteger a las empresas que sí cumplen con todas las normativas fiscales, laborales y de seguridad, y para salvaguardar la imagen turística de Zaragoza.

Frente a las críticas, el consejero de Urbanismo ha contraatacado desplazando el foco del problema hacia la okupación ilegal de viviendas. Serrano ha sostenido que este fenómeno altera más la convivencia y el mercado residencial que las VUT, asegurando que las consultas sobre okupación han aumentado mientras los pisos turísticos decrecen. Ha señalado barrios como Delicias, Casco Histórico, Torrero y San José como los más afectados por esta problemática, acusando a la izquierda de ignorarla.

La réplica a este argumento ha llegado desde Zaragoza en Común (ZEC). Su portavoz, Suso Domínguez, ha utilizado los propios datos del gobierno para afirmar que el impacto de las VUT (0,24% del parque de viviendas) “cuadruplica el de la okupación” (estimado en un 0,06%).

Domínguez ha insistido en que, contando las viviendas ilegales, la afección de los pisos turísticos al mercado de la vivienda es notablemente mayor.

Tanto ZEC como el PSOE han coincidido en la necesidad de una regulación preventiva. “Esperar a que la situación sea como en Barcelona o en Sevilla es un suicidio”, ha advertido Domínguez. Por su parte, Cihuelo ha apelado a una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la capacidad de los ayuntamientos para limitar el uso turístico de la vivienda en pro de un interés general como es “el acceso a la vivienda” y la protección de la función residencial de los barrios.

La postura de VOX, expresada por su portavoz Armando Martínez, se alinea con la del gobierno. Considera que las VUT no son un problema en Zaragoza a día de hoy y que los esfuerzos deben centrarse en perseguir la oferta ilegal con los mecanismos ya existentes.

A su juicio, no es necesaria una nueva normativa municipal prohibitiva, pues la ciudad podría haber “tocado techo” en su capacidad para este tipo de alojamientos.