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El juicio por la muerte de un hombre ocurrida durante una reyerta en el barrio de El Torrejón de Huelva, el 16 de septiembre de 2020, ha comenzado con fuertes desacuerdos entre la acusación y la defensa.

Peticiones de las partes

La familia del fallecido solicita una pena de 25 años de prisión para los once acusados, argumentando que se trató de un asesinato. Por otro lado, los abogados defensores piden la libre absolución de sus clientes, alegando falta de pruebas que los incriminen directamente en el crimen. La segunda jornada del juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, ha estado marcada por esta confrontación de narrativas.

Guillem Ventura, abogado de la acusación particular, ha solicitado “asesinato para todos los procesados” con las agravantes de “alevosía y ensañamiento”. Argumenta que existió “una colaboración y autoría conjunta” y que “sin un plan preconcebido de todas las partes no se llega hasta el resultado del fallecimiento de la víctima”.

Por ello, elevan la petición de pena a 25 años de cárcel, una pena superior a la solicitada por el Ministerio Fiscal para solo una parte de los acusados.

Origen de la disputa

Según la acusación, el origen de la reyerta se encuentra en “un tema de unas goteras” y “un problema de convivencia” que fue escalando con el tiempo. Afirman que previamente hubo “un aviso de amenazas personales y telefónicas” por parte de los acusados hacia la víctima y su familia. El abogado también expresó su descontento por el hecho de que los procesados “no estuvieran en prisión preventiva” durante estos años previos al juicio.

La defensa niega la acusación

Las defensas, por su parte, han solicitado la absolución de los acusados. El abogado Eduardo Montaño ha descrito el caso como “la historia de un fracaso de una investigación judicial y policial”, al no poder establecer la autoría individual de la “única apuñalada” que causó la muerte.

“Traer aquí a un jurado para que averigüe lo que no ha sido capaz de averiguar ni la policía ni la instrucción judicial, pues en este momento es un juicio que no tiene sentido”, afirmó.

En una línea similar, el abogado Fernando Retamar ha enfatizado que se está juzgando a once personas “como si fueran todos autores” cuando solo hubo un hecho determinante. Describe lo ocurrido como “una riña tumultuaria, mutuamente aceptada desde el principio” y asegura que fue el fallecido quien “arremetió contra la familia de mi patrocinado (…) con un cuchillo de grandes dimensiones”. Esta versión contradice el móvil de las goteras y sugiere que la causa fue que el fallecido estaba acosando a la hija menor de uno de los acusados.

Antonio Revuelta, abogado de otros cuatro procesados, ha insistido en la absolución porque “no hay absolutamente ni una sola prueba directa de qué persona fue la que dio esa puñalada desgraciadamente mortal”. Además, ha calificado las declaraciones de los familiares de la víctima como “absolutamente inconsistentes, incongruentes y contradictorias”, razón por la cual, según él, los acusados han permanecido en libertad.

Polémica en la formación del jurado

Uno de los puntos conflictivos del proceso es la constitución del jurado popular.

El juicio ya tuvo que ser aplazado previamente debido a la falta de candidatos. Finalmente, se ha constituido con 18 personas en lugar de las 20 que exige la ley. Las defensas han presentado una protesta al considerar que el jurado “no está bien constituido”, lo que podría implicar una vulneración de derechos fundamentales y la nulidad del juicio. La acusación reconoce que “puede ser un peligro”, pero se muestra decidida a continuar con el proceso.