El proceso para legalizar construcciones en el suelo rústico de Menorca ha entrado en una nueva fase. En los próximos días, el coste de la tasa que deberán abonar los propietarios para acogerse al decreto de medidas urgentes y simplificación administrativa aumentará del 10 % al 12,5 %. Este cambio llega tras un primer año en el que la respuesta ha sido tibia: apenas un centenar de proyectos han sido tramitados, una cifra muy alejada de las 5.000 construcciones ilegales que la Associació d’Hortals de Menorca calcula que existen en la isla, la mayoría destinadas a uso residencial.

El presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Menorca, Llorenç Seguí, ha desglosado los costes aproximados que afronta un propietario. Para una casa ilegal de unos 100 metros cuadrados, el desembolso total puede rondar los 30.000 euros.

Esta cifra incluye los honorarios del arquitecto para el proyecto de legalización, que pueden ascender a unos 12.000 euros; las tasas municipales por la licencia, que varían entre 4.000 y 5.000 euros; y la sanción, que con el nuevo porcentaje podría situarse en torno a los 14.000 euros.

La disyuntiva para muchos propietarios es clara, y una de las reacciones más habituales, según Seguí, es pensar: “Si ya no me la pueden tirar, ahora gastarme 30.000 euros, pues no me va bien”. Esta es una lectura que hacen muchos ante el importante desembolso económico.

Sin embargo, el presidente de los arquitectos advierte de las consecuencias de mantener una propiedad en situación irregular. “Una propiedad que no es legal te genera muchos problemas”, afirma. Entre ellos, la imposibilidad de “pedir una licencia para hacer alguna reforma” o las complicaciones a la hora de venderla.

Según Seguí, el incremento de valor que experimenta una vivienda al ser legalizada “compensa con creces” el coste del proceso, pudiendo valorizarse en “doscientos o trescientos mil euros”.

El decreto está pensado para edificaciones cuya infracción urbanística ya ha prescrito, es decir, aquellas contra las que la administración ya no puede actuar para ordenar su demolición. “El decreto permite legalizar cosas que no son legalizables con la normativa actual”, explica Seguí. Esto incluye ampliaciones o incluso viviendas enteras que no se ajustan al planeamiento vigente. Es fundamental que la infracción esté prescrita; si una vivienda antigua fue ampliada hace pocos años, “esta ampliación no está prescrita” y, por tanto, no podría acogerse al decreto.

Pese a la oportunidad que supone, el proceso se enfrenta a un obstáculo significativo: la sobrecarga de la administración.

Al ser preguntado por si los ayuntamientos están saturados, la respuesta de Seguí es contundente: “Realmente, están saturados. Y va a peor, no a mejor”. Esta situación podría ralentizar la tramitación de los expedientes de legalización.

Para aquellos propietarios que decidan dar el paso, el primer requisito es contratar a un arquitecto que elabore el proyecto de legalización. Posteriormente, este proyecto debe presentarse en el ayuntamiento correspondiente para solicitar la licencia, un proceso similar al de construir una casa nueva.

Finalmente, se deben abonar las tasas y la sanción correspondiente, que se encarecerá de nuevo a partir del tercer año, cuando alcanzará el 15 % sobre el coste de las obras.