Nombramiento controvertido en la gestión de la M-30: Exdirectiva de empresa privada asume alto cargo en entidad pública
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La sociedad encargada de la explotación de la M-30, Calle 30, que recientemente volvió a ser una entidad totalmente pública, ha nombrado a Sonia Suárez como su nueva directora de producción. Suárez ocupaba el mismo cargo en Emesa, la empresa privada que durante dos décadas poseyó un 20% de la entidad responsable de gestionar la principal vía de circunvalación de Madrid. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que la contratación se realizó “conforme a la normativa” y bajo los principios de “igualdad, mérito y capacidad”.
Suárez trabajó en Emesa desde 2006 y fue responsable de producción desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2025. Un mes después, se incorporó a Calle 30, coincidiendo con la salida de Emesa de la sociedad y la remunicipalización completa.
Como directora de producción, Suárez coordina la planificación, organización y supervisión de los recursos y procesos operativos de Calle 30, responsable del mantenimiento y explotación de la M-30, una autopista de 48 kilómetros con la red de túneles urbanos más extensa de Europa.
Samuel Romero, exconsejero apoderado de Calle 30 durante la etapa de Manuela Carmena, advierte sobre un posible “conflicto de intereses” al colocar a una antigua dirigente de Emesa en un alto cargo de la empresa pública. Romero sugiere que esta vinculación podría seguir vigente, ya que al ser nombrada cargo público, Suárez debió pedir una excedencia en su puesto anterior.
Romero destaca la dificultad del puesto de Suárez y las complicaciones que entraña su procedencia: “Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos”. A pesar de reconocer los conocimientos de Suárez en obra civil, cuestiona su nombramiento.
Algunos de los contratos gestionados por Calle 30 ascienden a cifras importantes, como el formalizado en noviembre por casi 198 millones de euros para la explotación y conservación de los túneles de la M-30. Este contrato fue adjudicado a una UTE integrada por Serveo, API Movilidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Asfaltos Vicálvaro, algunas de cuyas empresas formaban parte de Emesa.
El Ayuntamiento de Madrid justifica la contratación argumentando que la sociedad está adaptando su estructura a la nueva forma de gestión y que se han iniciado varios procedimientos de contratación de personal para cubrir nuevas necesidades de recursos humanos. Insisten en que todos los procesos se han desarrollado conforme a la normativa y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Una “oportunidad perdida” para “crear una empresa pública potente”
Romero critica que el gobierno de Almeida no haya aprovechado la remunicipalización para “crear una empresa pública potente” encargada de funciones básicas, ordinarias o repetitivas. Lamenta que se hayan vuelto a licitar contratos de conservación y mantenimiento a las antiguas integrantes de Emesa, perdiendo una oportunidad de ahorrar los márgenes de beneficios de las empresas.
Según Romero, esto contradice el modelo de privatización, que solo se abandonó por su elevado coste. Considera que se mantiene el trasfondo de inflar de contratos a las constructoras, y ahora se coloca a alguien que conoce perfectamente ese modelo para supervisarlo.
La gestión de Calle 30 es 100% pública desde el 1 de enero, poniendo fin a una privatización parcial que arrastraba desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón y que suponía un gasto de 55 millones de euros anuales. En total, el agujero ronda los 1.100 millones de euros.
Romero recuerda la “opacidad en la documentación de los contratos y licitaciones” dentro de Calle 30 durante la etapa de Carmena. Su labor se centró en preguntar qué se había hecho con el dinero público y en establecer mecanismos para no repetir errores.
Romero lamenta no haber podido completar la remunicipalización en la década pasada, antes de que el Partido Popular recuperara el poder, debido al cese de Carlos Sánchez Mato, concejal delegado de Economía y Hacienda.
El fin de un modelo “lesivo” entre diversas contrataciones
En 2005, Gallardón apostó por un modelo de gestión a través de una empresa mixta para llevar a cabo el soterramiento de la M-30, con un 80% de propiedad municipal y el 20% restante en manos de constructoras agrupadas en Emesa.
Un dictamen sobre la auditoría de Madrid Calle 30 definió el modelo de gestión como “lesivo para las arcas públicas municipales”. La investigación reveló que la arquitectura de la gestión de Emesa fue diseñada para que la deuda generada durante el soterramiento no computara en los fondos del Ayuntamiento, evitando así los controles de la Unión Europea.
El acuerdo recogía la opción de revocarlo en 2025, cláusula que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida ejerció, dejando de pagar el IVA y el impuesto de sociedades, así como los dividendos obligados por constituir una empresa en lugar de una gestión pública.
Este cambio de gestión implica que todas las labores de mantenimiento deben ser licitadas en nuevos contratos, como el adjudicado a finales de 2025 por casi 200 millones de euros.
Actualmente, Calle 30 se encuentra en proceso de contratación de altos cargos, como el de director gerente, con una remuneración anual superior a los 103.000 euros brutos. El Ayuntamiento asegura que la convocatoria se resolverá de conformidad con las bases publicadas. También se incorporarán oficiales administrativos, técnicos de diversas áreas y un especialista en modelos digitales 3D.
