Primera investigación sobre torturas franquistas concluye sin identificar a los responsables
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
La Fiscalía ha cerrado su primera investigación sobre las torturas cometidas durante el franquismo por agentes de la Brigada Político-Social sin lograr identificar a los policías responsables de estos crímenes.
La Fiscalía de Barcelona comunicó este jueves la conclusión de la investigación, que se extendió por casi un año, tras la denuncia presentada por Blanca Serra, histórica activista de la izquierda independentista catalana.
Un resultado agridulce
Las conclusiones de la Fiscalía representan un resultado agridulce. Por un lado, es la primera vez que una víctima de torturas franquistas es escuchada por las instituciones judiciales. Sin embargo, el resultado final es el archivo del caso.
El Ministerio Público tomó declaración a Serra y a varios peritos, y solicitó documentos a diversas instituciones, algo inédito en las denuncias por torturas franquistas. Anteriormente, los juzgados solían rechazar estas denuncias o realizar investigaciones superficiales.
Tras las diligencias, la Fiscalía concluye que Serra sufrió un delito de torturas perpetrado en un contexto de crímenes contra la humanidad y “de persecución y represión política instaurada por el franquismo”, al que define como un “régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”.
Según la fiscalía, agentes de la Brigada Político-Social detuvieron a la activista y a su hermana “por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura”, infligiéndoles violencia física y psíquica “con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático”.
No obstante, la investigación no logró identificar a los policías autores de las torturas, por lo que la Fiscalía presentó una denuncia ante el juzgado solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido.
La impunidad persiste
El caso de Serra pone de manifiesto que, 50 años después de la muerte del dictador, la operación de olvido impuesta a la democracia española sigue vigente. La ley de amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos siguen siendo obstáculos para abrir causas en los juzgados, a pesar de la Ley de Memoria. Además, la mayoría de los policías torturadores ya han fallecido.
La nueva ley ha permitido que el Ministerio Público escuche a las víctimas, como hizo con Serra, y solicite documentos a organismos oficiales para ofrecer una mínima reparación a las personas que sufrieron torturas y que hasta entonces se encontraban con el rechazo del sistema.
Las diligencias en el caso de Serra fueron las primeras abiertas por la Fiscalía para investigar las torturas cometidas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), conocida como ‘casa de los horrores’.
El futuro del edificio sigue siendo objeto de debate. Las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y que la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín.
Sin embargo, tanto el Gobierno central como el catalán han enfriado la idea del traslado y sostienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.
