NUEVO TITULO: Ayuntamiento de Burgos investiga posible incompatibilidad de concejal por contratos a su empresa
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El Ayuntamiento de Burgos aún no ha emitido un informe sobre la posible incompatibilidad del concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP provincial, Borja Suárez, debido a su participación accionarial en una empresa de eventos que ha recibido contratos municipales.
La alcaldesa, Cristina Ayala, solicitó un informe al secretario municipal tras la revelación de adjudicaciones a Eventos El Espino, empresa en la que Suárez posee el 33% de las acciones. Más de dos semanas después, el Ayuntamiento informa que el informe aún no está listo y desconoce cuándo se finalizará.
El secretario municipal bajo la lupa
El secretario general del Ayuntamiento, Javier Gallo Terán, es también vicesecretario de la Sociedad Proburgos desde 2022, la empresa municipal que más contratos ha otorgado a Eventos El Espino.
La alcaldesa Ayala declaró haber solicitado el informe para determinar si existe incompatibilidad y, en caso afirmativo, que Suárez decida si mantiene sus acciones en la empresa o renuncia a su cargo de concejal y presidente de la Diputación.
Declaraciones contradictorias
Según la alcaldesa, Borja Suárez habría renunciado a sus derechos sobre las acciones antes de asumir el cargo de concejal, lo que contradice su declaración de bienes. Además, se comprobó que Suárez fue convocado a juntas generales de socios de la empresa en abril de 2025, lo que pondría en duda su supuesta salida del accionariado.
Suárez registró un escrito en el Ayuntamiento en el mismo sentido.
El concejal alega desconocimiento
Tras la publicación de las adjudicaciones por parte del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, Suárez afirmó desconocer que su empresa había contratado con ProBurgos y el Ayuntamiento en 12 ocasiones entre 2023 y 2025, y que se enteró al ser contactado al respecto. Añadió que nunca ocultó su participación en la empresa, aunque su declaración de bienes reflejaba inicialmente una posesión del 22%, ahora del 33%.
Implicaciones legales
Los cargos públicos están obligados a declarar las participaciones accionariales que superen el 10% de una empresa. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 53/1984, existiría una incompatibilidad que obligaría a Suárez a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria, lo que podría derivar en un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad.
Además, según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras exista esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica incluso a pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.
Posibles consecuencias
Los contratos realizados en esta situación podrían ser declarados nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar, lo que podría derivar en responsabilidades disciplinarias o de control por parte de los órganos competentes.
