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Un grupo de ciudadanos y empresarios ha presentado una queja formal dirigida a la alcaldesa de Valencia, exigiendo una revisión “sin demora” de la gestión del espacio público durante las Fallas. El escrito denuncia una “inacción prolongada” por parte de las administraciones municipales en las últimas dos décadas, lo que ha llevado a la consolidación de un modelo de ocupación calificado como “claramente desproporcionado” e “insostenible”.

Ocupación Intensiva y sus Consecuencias

La crítica principal se centra en la ocupación intensiva de calles y plazas con carpas, churrerías, puestos de venta y otras instalaciones efímeras durante semanas del mes de marzo. Los denunciantes argumentan que esta situación carece de justificación y obstaculiza la visibilidad y el acceso a los negocios locales, generando graves perjuicios para los ciudadanos.

Las consecuencias de esta ocupación prolongada incluyen cortes de tráfico innecesarios, dificultades de acceso a viviendas y comercios, problemas en el reparto de mercancías y alteraciones en servicios municipales como el transporte público, la recogida de residuos y la limpieza viaria. El escrito destaca el “profundo cansancio y hartazgo” que esta situación ha generado en amplios sectores de la ciudadanía y el empresariado local.

El Deterioro del Espacio Público

La queja enfatiza que la situación actual “no responde a un problema puntual, sino a una acumulación prolongada de decisiones administrativas que han permitido que el abuso del espacio público se convierta en norma”.

Se argumenta que “la fiesta no puede sostenerse sobre el deterioro del espacio público, sobre el perjuicio a la actividad económica permanente ni sobre la resignación de quienes ven alterada su vida cotidiana durante semanas”.

Se denuncia que el Bando de Fallas, destinado a regular la actividad, se ha convertido en un “documento de escasa eficacia real” que se incumple reiteradamente. Se señala la proliferación de puestos que instalan mesas y sillas o la venta de productos no autorizados, infracciones que se repiten anualmente, demostrando la ineficacia de las sanciones económicas.

Control Ineficiente y Solicitudes Concretas

Otro punto crítico del documento es el control, donde se afirma que la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas no recae en la ciudadanía. Trasladar a vecinos y comerciantes la carga de denunciar se considera “una evidente inversión de responsabilidades”.

Diez Solicitudes para Mejorar la Situación

El documento finaliza con diez solicitudes concretas, incluyendo:

• Revisión integral del modelo de gestión.
• Reducción del periodo de ocupación de las carpas.
• Modificación “radical” del régimen sancionador para que las infracciones conlleven el “precinto inmediato” y la imposibilidad de obtener autorización en años posteriores.

Se argumenta que “una Administración que aprueba normas que sabe de antemano que no va a hacer cumplir erosiona su propia autoridad y debilita el principio de legalidad”.

Adicionalmente, se exige un control efectivo por parte del Ayuntamiento para evitar depender de las denuncias ciudadanas, la protección del paisaje urbano en zonas históricas y la garantía del desarrollo normal de la actividad del comercio local. Se insta al consistorio a informar públicamente sobre las medidas que piensa adoptar para corregir un modelo que se considera “a todas luces, insostenible”.