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El comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio ha alzado la voz en Bilbao para denunciar una “grave campaña de presión, manipulación y desinformación” en torno al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a la plantilla.

Negación de un “relato interesado”

El comité ha negado rotundamente la versión de que el conflicto laboral esté resuelto gracias a la existencia de personal voluntario para cubrir los despidos. Califican esta afirmación de “falsa, interesada y profundamente injusta”.

Zuriñe Miranda, delegada de ELA en Tubos Reunidos de Amurrio, ha enfatizado que la decisión empresarial implica la “destrucción de 301 puestos de trabajo”, el cierre de la acería y la externalización de la logística.

Además, ha aclarado que dentro del supuesto número de voluntarios se incluyen trabajadores con contratos eventuales, algunos de ellos con hasta 12 años de antigüedad en la empresa. “Esas personas no se van voluntariamente, son despedidas”, sentenció.

Cuestionamiento de la “voluntariedad” de las bajas

Desde el comité se pone en duda la “supuesta voluntariedad” de las bajas, recordando que esta disposición a abandonar la empresa no existía antes del anuncio del ERE.

“Es una decisión forzada, tomada bajo presión, miedo y chantaje organizado por la empresa”, recalcó la delegada, quien insiste en que el verdadero debate es por qué se deben destruir cientos de empleos.

Defensa del futuro de Tubos Reunidos

La huelga indefinida, según explican, busca defender el futuro de Tubos Reunidos, un objetivo que consideran inalcanzable con las medidas planteadas. “No se puede hablar de viabilidad cerrando la acería, no se puede hablar de futuro externalizando áreas estratégicas, no se puede hablar de proyecto industrial destruyendo empleo”, declaró.

Por ello, han propuesto retirar el ERE y abrir un “proceso de negociación real” que la empresa ha ignorado.

Críticas a instituciones y al BBVA

La delegada de ELA también ha criticado el papel de instituciones como el Gobierno Vasco, las diputaciones y partidos como el PNV y el PSOE, acusándolos de reforzar “la estrategia del miedo y el chantaje” en lugar de exigir responsabilidades a la empresa, especialmente cuando hay una inversión de dinero público de por medio.

Finalmente, se ha interpelado directamente al BBVA, antiguo accionista principal, para que “asuma su responsabilidad” y aporte soluciones. El comité ha reafirmado que seguirá en la lucha hasta el final, porque “no vamos a aceptar que se destruya empleo mientras se blanquea la responsabilidad de quien ha tomado las decisiones”, con el fin de defender la actividad industrial y la dignidad de la plantilla.