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El sector de la construcción en Cataluña se encuentra en estado de alerta máxima ante las posibles consecuencias del conflicto en Irán. Lluís Moreno, presidente de la Cambra de Contratistes d’Obres de Catalunya, advierte que esta situación podría disparar los costes de producción, incrementándolos “seguramente cerca del 40 o 50 por ciento del coste de las obras”. Este aumento repentino de precios amenaza con agravar la situación de un sector que aún se está recuperando de crisis anteriores.

Impacto en los Costes de los Materiales

Moreno ha señalado que el impacto inicial ya se está notando en los precios de los carburantes, que “han sobrepasado en algún momento de la semana, el 50 por ciento”. Este aumento afecta directamente a materiales esenciales como el asfalto para carreteras, el cemento, el hierro y el cobre, además de los costes asociados al transporte de dichos materiales.

Según el presidente de los contratistas catalanes, la situación actual se asemeja a los momentos más críticos de la guerra en Ucrania, pero con un potencial aún mayor para afectar la cadena de suministro y la energía.

Se prevé un aumento impredecible en el precio de todas las materias primas, incluyendo “la madera, el aluminio, el PVC, todo subirá de precio de manera imprevisible”, según Moreno, quien describe un panorama de incertidumbre total para los contratistas.

Rigidez Legal y Solicitud de Ayuda al Gobierno

Uno de los principales problemas que enfrentan las empresas es la legislación actual, que impide la actualización de las tarifas en los contratos ya firmados.

“La ley actual no nos permite revisar los precios de los contratos y eso es un grave perjuicio”, afirma Moreno. Esta rigidez legal obliga a los contratistas a asumir la totalidad del sobrecoste, poniendo en riesgo la viabilidad de los proyectos en curso y la supervivencia de las empresas.

Ante esta situación, el sector demanda al Gobierno una solución urgente, solicitando la activación de un mecanismo de revisión de precios extraordinaria, similar al implementado durante la pandemia y la guerra en Ucrania. El objetivo es garantizar la continuidad de las obras públicas sin llevar a las empresas a la quiebra.

Miedo a Licitaciones y Falta de Presupuestos

La incertidumbre generada por esta situación ha provocado un temor generalizado a licitar. “No nos atrevemos a ofertar en las nuevas licitaciones porque estaríamos ofertando a pérdidas”, confiesa Moreno.

Esta situación podría paralizar la contratación de nueva obra pública, ya que ninguna empresa está dispuesta a asumir un riesgo tan elevado.

A este problema se suma la falta de aprobación de los presupuestos para 2025, lo que limita la planificación de nuevas inversiones. Aunque la licitación en 2024 ha alcanzado los niveles de 2022, con unos 4.000 millones de euros, esta cifra sigue siendo “claramente inferior” al 2,2% del PIB catalán que el sector considera necesario, una cifra que superaría los 7.000 millones de euros.