La Sierra Norte de Guadalajara rechaza la quimera del oro
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La posibilidad de una nueva explotación minera ha desatado la preocupación en la Sierra Norte de Guadalajara, una comarca de alto valor ecológico. La empresa Oroberia planea realizar prospecciones en 15.000 hectáreas, afectando directamente a 16 municipios. Los vecinos se han movilizado para alertar sobre el impacto ambiental y la falta de beneficios para la zona, defendiendo un modelo de desarrollo diferente.
Naharros, un ejemplo a evitar
Para los habitantes de la Sierra Norte, la pedanía de Naharros, perteneciente al municipio de La Miñosa, es un claro ejemplo de lo que no quieren para su futuro. Esta pequeña localidad, con apenas unos pocos habitantes, ha sufrido durante 40 años los efectos de una mina a cielo abierto.
En Naharros se extrae cuarcita, un proceso que genera polvo de sílice que, al ser inhalado, puede provocar graves enfermedades respiratorias. Además, los vecinos soportan constantes explosiones y ruidos, y han visto cómo el paisaje se ha degradado con el tiempo. El alcalde, Ricardo Antón, critica que la mina no genera empleo local y dificulta el desarrollo de actividades como el turismo rural y la caza, alejando a posibles nuevos residentes.
El proyecto ‘GUA, DALA y JARA’
La empresa australiana Global Mining Enterprises PTYLD, a través de su filial española Oroberia SLU, propuso inicialmente tres proyectos de búsqueda de oro y otros metales: GUA, DALA y JARA. Estos proyectos abarcarían una superficie de casi 15.000 hectáreas en un entorno natural de gran valor ecológico.
El proyecto GUA afectaría a San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; DALA a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; y JARA a La Miñosa, La Bodera, Riofrío, Atienza, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque.
La empresa solicitó inicialmente un permiso para realizar investigaciones durante tres años, con seis sondeos iniciales en cada proyecto, seguidos de otros seis sondeos en cada ubicación, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.
El Gobierno de Castilla-La Mancha rechazó la división del proyecto en tres partes y exigió a Oroberia la presentación de un único proyecto unificado, sometido a una evaluación de impacto ambiental más rigurosa.
Rechazo vecinal y recursos legales
La oposición al proyecto minero ha sido fuerte desde el principio. Los vecinos se han organizado en plataformas y asociaciones, presentando más de 800 alegaciones contra los proyectos iniciales. Ahora, siguen vigilando el proceso y han presentado recursos contra la autorización de una intervención arqueológica preventiva solicitada por la empresa.
María José Martín Perucha, de la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, argumenta que el proyecto generaría “contaminación, ruido, camiones, polvo” y un “impacto medioambiental tremendo”.
El alcalde de La Toba, Javier Cantero, sospecha que Oroberia ya tiene toda la documentación preparada para presentar el proyecto unificado en cuanto obtenga el informe arqueológico.
Gracias a la movilización ciudadana, se han presentado casi 400 recursos de alzada de particulares que piden la nulidad de la orden de Cultura que solicitaba a la empresa el estudio arqueológico.
La postura de la empresa
Oroberia afirma respetar las inquietudes de los vecinos y considera “positivo” el debate sobre el proyecto. La empresa minimiza la exigencia del Gobierno regional de presentar un proyecto unificado, considerándolo parte del “procedimiento habitual”.
Oroberia asegura que seguirá adelante, analizando la situación administrativa actual para presentar una evaluación completa con mayor detalle en aspectos clave como la hidrogeología, la biodiversidad y la interacción con los usos del territorio. También defiende que el proyecto generará “empleo directo e indirecto”, respetando “el entorno” e impulsando la “autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”.
Un modelo de desarrollo alternativo
Sin embargo, los habitantes de la Sierra Norte rechazan la idea de que la minería sea una fuente de empleo y riqueza para la zona. Defienden un modelo de desarrollo sostenible, basado en el respeto al medio ambiente, la ganadería, la agricultura, la caza y el turismo rural.
Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción Guadalajara, advierte que el proyecto afectaría a actividades que actualmente generan riqueza y empleo en la zona. Además, señala que la mayoría de los puestos de trabajo generados por la minería suelen ser ocupados por personas de fuera de la comarca.
Desde el punto de vista ambiental, Mayor destaca que el 65% de la superficie proyectada por Oroberia son hábitats de interés comunitario y hábitat de especies protegidas. También advierte sobre la proximidad e interacción con Zonas de Especial Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y la Red Natura 2000.
La oposición al proyecto minero continuará en la Sierra Norte de Guadalajara. Los vecinos están decididos a luchar por un futuro diferente para sus pueblos.
