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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la solicitud de medidas cautelares presentada por Airbnb, confirmando así la obligación de la plataforma de abonar la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La decisión judicial, notificada por Europa Press, implica que la compañía deberá hacer frente al pago de la sanción, aunque aún tiene la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Detalles de la sanción impuesta por el Ministerio

La multa fue impuesta en diciembre de 2025, tras una investigación que reveló irregularidades en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos. El Ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, acusó a Airbnb de incurrir en “prácticas comerciales desleales” al no cumplir con las normativas autonómicas que exigen la inclusión del número de registro en la publicidad de los alojamientos.

Además, Consumo detectó que Airbnb publicaba anuncios con números de licencia falsos o que no se correspondían con la numeración oficial.

También se identificaron anuncios que contenían “publicidad engañosa” al no proporcionar información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.

Desglose del monto de la sanción

La mayor parte de la multa, concretamente 63,98 millones de euros, corresponde a una infracción grave por “publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia”. El Ministerio estima que esta cantidad equivale a seis veces el beneficio “ilícito” obtenido por Airbnb desde que fue advertida hasta que retiró los anuncios en julio de 2025.

El resto de la multa total se compone de otras tres infracciones: 10.000 euros por incumplir el régimen de los contratos a distancia, otros 10.000 euros por “obstrucción o negativa a suministrar datos”, y 55.000 euros por desatender las medidas provisionales dictadas por el órgano instructor.

Reacción de Airbnb y el proceso judicial

Inicialmente, Airbnb recurrió el importe total de la sanción ante la justicia, lo que resultó en la suspensión temporal de la obligación de pago.

Sin embargo, el reciente auto del TSJM rechaza la solicitud de medidas cautelares de la plataforma, que pretendía aplazar el pago de la multa hasta que se dictara una sentencia firme sobre el fondo del asunto.