La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la gestión del Patronato Municipal de Turismo de Castellón. La actuación llega tras las denuncias paralelas del PSPV-PSOE y Compromís, que apuntan a un informe de la intervención municipal que advierte de posibles irregularidades en contratos menores bajo el actual gobierno de PP y Vox.

Los portavoces de Compromís, Ignasi García, y del PSPV-PSOE, Patricia Puerta, han anunciado la apertura de estas diligencias previas.

La oposición fundamenta su denuncia en el modelo de gestión del equipo de gobierno (PP y Vox), donde más del 70% del gasto del Patronato, casi 680.000 euros, se habría ejecutado a través de contratos menores, eludiendo la concurrencia pública.

Según la oposición, no se trata de un hecho aislado, sino de “una forma de gobernar del Partido Popular y de Vox”. Patricia Puerta ha afirmado que estos contratos corresponden a “actos y eventos previsibles y recurrentes en el tiempo”, como FITUR, las campañas de playas o las ferias anuales, que deberían estar sujetos a una planificación y licitación adecuadas.

Ignasi García ha calificado el informe de intervención de enero como “demoledor”.

Ha detallado que el documento señala que no se estaba siguiendo la propia reglamentación de menores del Patronato, que se adjudicaban contratos sin comprobar si los proveedores estaban al corriente de pagos y que existía falta de justificación en adjudicaciones a una única oferta.

La acusación más grave, destacada por ambos portavoces, emana de la conclusión del informe de intervención. Patricia Puerta leyó textualmente el escrito, que recoge que “se observa que hay contratos reiterados con el mismo proveedor, que por su objeto pueden incurrir lo que supone un incumplimiento del artículo 99.2 de la ley de contratos del sector público”, y advierte de que ello puede “implicar fraccionamiento de contrato, que es algo totalmente ilegal”.

Ambas formaciones solicitaron la creación de una comisión de investigación política para esclarecer los hechos, una propuesta que fue rechazada por el PP y Vox.

García ha insistido en la “necesidad imperiosa de que, desde el punto de vista político, se investigue qué es lo que ha pasado”, trazando un paralelismo con el caso del concejal de Movilidad, que dimitió tras negarse a investigar sus multas impagadas.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha respondido con contundencia a la denuncia. Miralles ha señalado que “esta es la manera de hacer política del PSOE y de Compromís: recurrir a los tribunales para intentar ganar lo que no ganan en las urnas”.

Ha enmarcado la admisión a trámite de la Fiscalía como un “procedimiento habitual” y ha pedido esperar para conocer “el recorrido real que pueda tener dicha denuncia”.

La edila ha desmentido la gravedad del informe, asegurando que “en ningún caso habla de ilegalidades, sino de la mejora de los procedimientos, y en ello estamos trabajando”. Además, Miralles ha acusado al anterior gobierno de emplear los mismos métodos, al afirmar que “las supuestas deficiencias administrativas de las que hablan son las mismas que existían cuando ellos estaban al frente del Patronato” y que se trata de “las mismas empresas y el mismo modus operandi que utilizaban entonces”.

Miralles ha presentado la existencia de estos informes de control financiero como “una muestra de la transparencia del actual gobierno”, recordando que “cuando gobernaban el PSOE y Compromís estos informes no se realizaban”.

Ha rechazado recibir “lecciones de quienes gobernaron con los mismos instrumentos y, además, sin un modelo turístico para la ciudad” y ha defendido la gestión actual, centrada en construir una estrategia turística real, trabajar una marca de ciudad y profesionalizar la gestión.

La oposición mantiene su exigencia de responsabilidades políticas a la alcaldesa Begoña Carrasco, afirmando que “Castellón merece una gestión transparente y una gestión rigurosa”. La denuncia fue comunicada oficialmente por la Fiscalía el pasado 27 de febrero, pero los grupos de la oposición decidieron esperar a que pasaran las fiestas de la Magdalena para hacerlo público por “lealtad institucional”.