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El reciente decreto sobre vivienda, impulsado por Sumar y aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros extraordinario, ha desatado un escenario de incertidumbre en el mercado del alquiler español.

La normativa, ya en vigor, permite a aproximadamente dos millones de inquilinos con contratos que expiren antes del 31 de diciembre de 2027 solicitar una prórroga automática sin incremento de precio, además de limitar la actualización de la renta a un máximo del 2%. Sin embargo, su convalidación en el Congreso en el plazo de un mes es incierta, ya que el Ejecutivo carece, por el momento, de los apoyos necesarios.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la medida como respuesta a una “demanda de la sociedad civil” para proteger a miles de familias. En la misma línea, Yolanda Díaz ha instado a los inquilinos a “exigir a los propietarios la prórroga”.

El abogado experto en derecho inmobiliario, Alberto Torres, ha señalado que, durante los 30 días de vigencia del decreto, los arrendatarios cuyo contrato finalice antes del 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar la prórroga extraordinaria, siendo “imperativo legal” para los propietarios concederla.

Retroactividad limitada y desigualdad

Un aspecto problemático, según Torres, es que la anulación del decreto no tendría carácter retroactivo. Esto implica que solo los inquilinos que actúen rápidamente durante este mes podrán beneficiarse de la prórroga, generando una situación que califica de “contraria al principio de igualdad”.

“Es arbitrario; al final, la solución no es justa, porque solo hay algunos arrendatarios: primero, los que realmente estén informados, y segundo, los que les coincida el período de tiempo en el que puedan hacer uso de ese derecho”, ha explicado.

Esta desigualdad se extiende a la limitación del 2% en la actualización de la renta, que solo afectará a aquellos a quienes les corresponda actualizar la renta durante este mes, generando un agravio comparativo.

Críticas y dudas sobre la constitucionalidad

El periodista Antonio Jiménez ha descrito la aprobación del decreto como un “brindis al sol” del Gobierno para “salvar la cara” ante sus socios, anticipando su fracaso en el Congreso. Torres ha resaltado la excepcionalidad de la situación, al ser “una de las primeras veces en las que un decreto que no se convalida (…) va a desplegar efectos mucho más allá de su urgencia y su no convalidación”, lo que plantea dudas sobre su constitucionalidad.

La periodista Ana Zarzalejos ha enfatizado la gravedad de introducir “una desigualdad y una arbitrariedad” en el mercado de la vivienda, que ya enfrenta una crisis prolongada. En su opinión, la política actual prioriza la “propaganda electoral” sobre soluciones a largo plazo.

Necesidad de seguridad jurídica y vivienda pública

Consultado sobre las medidas necesarias para el mercado, Torres ha sido claro: “Absolutamente, necesita, lo primero, seguridad jurídica”. En segundo lugar, ha afirmado que el ciudadano debe entender que la vivienda es “un problema social grave y que requiere de gasto público”.

Para Torres, la clave reside en construir más vivienda de protección pública y brindar seguridad a los propietarios, ya que la lentitud de los procesos judiciales de desahucio, que pueden extenderse por más de dos años, “provoca inseguridad en el propietario” y reduce la oferta.

Jiménez ha recordado que el presidente Pedro Sánchez “lleva ya casi 8 años en el poder y aquí no ha construido prácticamente viviendas sociales”.

Ha criticado la ausencia de un plan a medio y largo plazo acordado con las administraciones locales y autonómicas, e insistió en que, sin garantías jurídicas para los propietarios que eviten, por ejemplo, el impago de los inquilinos, la oferta seguirá disminuyendo y los precios, aumentando.