
¿Es posible un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en Euskadi?
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El pasado 17 de marzo, Euskadi y Navarra vivieron una jornada de huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru. El objetivo principal era reclamar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.500 euros en ambas comunidades, superando el SMI estatal de 1.221 euros mensuales fijado por el Real Decreto 126/2026.
Más allá de las valoraciones sobre la huelga y su seguimiento, es importante destacar que existe una reivindicación sindical mayoritaria en esta dirección. Políticamente, EH Bildu en Euskadi y Navarra, junto con ERC y BNG en otras comunidades, han defendido un “SMI propio por encima del estatal”. Argumentan que la homogeneización del SMI a nivel estatal tiene consecuencias negativas para miles de trabajadores, equiparando a la baja las condiciones laborales en Euskal Herria, Galiza y los Países Catalanes.
En Navarra, Geroa Bai también apoyó esta reivindicación, presentando una proposición de ley en el Parlamento Foral que no fue aprobada debido al rechazo de PSN, Contigo/Zurekin, PP, UPN y VOX.
En Euskadi, el Parlamento también debatió el tema a instancias de EH Bildu. Se aprobó una enmienda, con el apoyo de PNV y PSE-EE, que expresaba “la conveniencia de abordar mediante la negociación colectiva un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponde con la realidad socioeconómica de Euskadi”, pero rechazando la negociación con el Gobierno central para un traspaso de competencias que permitiera establecer legalmente un SMI propio.
El rechazo patronal a negociar un SMI vasco
Recientemente, la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco desestimó una demanda de los sindicatos ELA y LAB que buscaba declarar ilegal la negativa de la patronal CONFEBASK a negociar un Acuerdo Interprofesional para fijar un salario mínimo para los trabajadores de Euskadi. La sentencia consideró que la determinación de un salario mínimo es competencia del Gobierno, según el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
CONFEBASK ha rechazado nuevamente acudir a la mesa negociadora convocada por ELA y LAB con una pretensión similar.
¿Es legalmente posible un SMI autonómico?
La cuestión central es si se puede fijar un SMI propio en una Comunidad Autónoma, distinto del estatal. No existe ningún obstáculo para que, mediante la negociación colectiva en el ámbito autonómico, los agentes sociales acuerden un salario mínimo aplicable a los trabajadores amparados por un convenio. Sin embargo, esta solución sería insuficiente, ya que excluiría a las personas no cubiertas por convenio, que suelen ser quienes tienen salarios más bajos.
Es discutible si la negociación colectiva puede acordar un SMI propio para “todas las personas trabajadoras” de una Comunidad Autónoma. Existen opiniones fundadas en ambos sentidos, y el Tribunal Supremo tendrá la oportunidad de pronunciarse al respecto, ya que la sentencia del TSJ del País Vasco ha sido recurrida.
La clave radica en la competencia para fijar el SMI. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores la atribuye al Gobierno, previa consulta con los agentes sociales. En principio, se trata de una competencia exclusiva del Estado, tal como lo determinan los Reales Decretos que fijan el SMI, amparándose en el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española.
Sin embargo, se podría transferir o delegar esta competencia a una Comunidad Autónoma mediante Ley Orgánica, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución.
Interés político limitado
Políticamente, esta posibilidad genera poco entusiasmo. Permitiría una diferencia clara en los salarios mínimos entre las distintas Comunidades Autónomas, lo que no es fácilmente aceptable por los partidos de izquierda estatal. El PNV tampoco muestra un gran interés, ya que implicaría una gran responsabilidad. EH Bildu tampoco ha priorizado esta cuestión en su participación en el Congreso de los Diputados.
Es importante aclarar que no sería posible fijar un SMI inferior al estatal, ya que este constituye una condición laboral mínima que no puede ser empeorada. Además, este posible SMI autonómico no podría tener eficacia para determinar diversas prestaciones sociales.
En conclusión, la posibilidad de un SMI propio en Euskadi es un tema complejo que involucra aspectos legales, políticos y sociales. Es poco probable que se avance en esta dirección en la presente legislatura.













