JUSTICIA PARA HORUS: Denuncian negligencia fatal en guardería canina
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Una pareja de Mérida busca justicia para Horus, su perro lobo checoslovaco de un año, fallecido mientras estaba al cuidado de una guardería canina contratada a través de una aplicación. La historia, que comenzó como una simple reserva, se transformó en una pesadilla legal tras recibir a su mascota sin vida y con explicaciones contradictorias.
El fatídico desenlace
El 16 de junio de 2023, la pareja confió a Horus a Anabel, la cuidadora de la guardería, con quien ya habían trabajado antes. Días después, el 20 de junio, fueron citados para recogerlo. En el punto de encuentro, Anabel y su pareja abrieron el maletero del coche, revelando el cuerpo sin vida de Horus junto al de otro perro.
La explicación inicial fue un supuesto envenenamiento durante un paseo nocturno.
Anabel entregó a los dueños dos certificados de defunción presuntamente emitidos por la clínica veterinaria Emérita. Sin embargo, la familia, desconfiando de la versión, decidió llevar el cuerpo de Horus a su veterinario de confianza, Rubén Manteca, para realizar una autopsia.
La autopsia revela la verdad
El informe forense desmintió la versión del envenenamiento. El análisis toxicológico dio negativo y la autopsia reveló que Horus llevaba muerto entre 24 y 36 horas, sufriendo intensamente durante las 12 horas previas a su fallecimiento. La causa de la muerte fue un golpe de calor provocado por condiciones extremas de negligencia.
El animal no tenía agua ni comida en el cuerpo y presentaba un avanzado estado de descomposición.
Certificados falsos y un negocio ilegal
La familia confrontó a la clínica veterinaria que supuestamente emitió los certificados de defunción. Un responsable admitió que una empleada había expedido los documentos como un favor a Anabel, sin haber examinado a los animales y bajo la falsa premisa de que eran perros callejeros.
La investigación de los dueños, con el apoyo de otros clientes afectados, descubrió que la guardería era un negocio ilegal. No se encontraba en una casa adaptada como se publicitaba, sino en una nave en Valverde de Mérida. Carecía de núcleo zoológico, CIF, seguro y cualquier tipo de licencia.
Camino a la justicia
Inicialmente, un juez instructor consideró los hechos como un delito leve, pero la familia recurrió a la Audiencia Provincial, que finalmente calificó el caso como un presunto delito penal de maltrato animal.
Durante el juicio, la fiscal fue contundente con los acusados, Anabel y Carlos, el encargado del transporte. Anabel alegó que Carlos la había “fallado”, mientras que Carlos reconoció no haber supervisado al perro. La acusación particular solicita 18 meses de cárcel y una compensación por los daños causados.
