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Una pareja de Mérida busca justicia tras la trágica muerte de su perro, Horus, un lobo checoslovaco de tan solo un año. El can falleció mientras estaba al cuidado de una guardería canina contactada a través de una aplicación, un servicio que ya habían utilizado previamente.

Un Final Inesperado y Sospechoso

El 16 de junio de 2023, los dueños confiaron a Horus a la guardería. Días después, lo recibieron sin vida, envuelto en sacos de pienso. La explicación inicial de la cuidadora, Anabel, sobre un supuesto envenenamiento durante un paseo, pronto levantaría sospechas.

La angustia se apoderó de la pareja el martes 20 de junio.

Tras un fin de semana sin noticias de Horus, algo inusual, y ante las evasivas de Anabel, el dueño fue a recogerlo. En el lugar de encuentro, Anabel y su pareja abrieron el maletero, revelando el cadáver de Horus junto al de otro perro. La justificación: “se habían envenenado en el paseo del lunes por la noche”.

La Autopsia Revela la Verdad

Anabel entregó dos certificados de defunción supuestamente emitidos por la clínica veterinaria Emérita. Sin embargo, la familia, desconfiada, llevó el cuerpo de Horus a su veterinario de confianza, Rubén Manteca, quien realizó una autopsia.

Los resultados desmintieron la versión oficial: Horus llevaba muerto entre 24 y 36 horas y había sufrido intensamente durante las 12 horas previas a su deceso.

La causa de la muerte no fue envenenamiento, como demostró el análisis de tóxicos, sino un golpe de calor provocado por condiciones extremas. El informe forense detalló que el animal no tenía agua ni comida en el cuerpo y presentaba un avanzado estado de descomposición, con larvas de mosca en la boca.

Falsificación de Documentos y Negocio Ilegal

Con las pruebas en mano, los dueños se dirigieron a la clínica que había emitido los certificados. Un responsable del centro admitió que una compañera había expedido los documentos “por hacerle un favor a Anabel”, sin examinar a los animales y bajo la falsa premisa de que eran perros callejeros destinados a una fosa común.

La investigación de la familia, con la colaboración de otros clientes afectados, descubrió que la guardería era un negocio completamente ilegal. Los perros no se alojaban en la supuesta casa adaptada que se publicitaba, sino en una nave en Valverde de Mérida.

Esta información se confirmó gracias al GPS que otro cliente había colocado a su mascota. El negocio carecía de núcleo zoológico, CIF, seguro o cualquier tipo de licencia.

El Caso Llega a los Tribunales

El proceso judicial ha sido largo y complejo. Inicialmente, un juez instructor consideró los hechos como un delito leve. No obstante, la familia, representada por la abogada Cristina López Barragán, recurrió a la Audiencia Provincial, que finalmente calificó el caso como un presunto delito penal de maltrato animal.

Juicio y Declaraciones Contradictorias

El juicio se celebró el pasado miércoles.

La fiscal fue implacable con los acusados, Anabel y Carlos, el encargado del transporte. Anabel argumentó que “Carlos le había fallado” mientras ella cuidaba de su madre en el hospital. Carlos, por su parte, asumió la culpa, reconoció no haber revisado al perro y dijo que “supuso” que todo estaba bien. La acusación particular solicita para ambos 18 meses de cárcel y una compensación por los daños causados.