Refuerzo del registro de jornada laboral en España recibe duros reveses
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El ambicioso proyecto del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro de la jornada laboral en España ha tropezado con obstáculos significativos. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables al real decreto propuesto, complicando su futuro inmediato.
Dictamen unánime y contundente del Consejo de Estado
El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, cerró su dictamen con una postura unánime en contra de la norma. Este órgano consultivo analizó minuciosamente el texto del real decreto, su memoria económica y los informes de diversos actores, incluyendo agentes sociales, patronales y miembros del Gobierno.
El Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, ya había expresado sus reticencias a través de dos informes desfavorables. El primero cuestionaba la validez legal del decreto, aunque este punto fue posteriormente matizado en un segundo documento. El Consejo de Estado ha respaldado esta línea crítica.
Otros ministerios, como el de Función Pública, también han manifestado preocupaciones sobre el impacto del decreto en su personal laboral y la necesidad de adaptar los sistemas de control horario, solicitando un plazo de un año y denunciando la falta de valoración del impacto presupuestario.
Cuestionamientos a la legalidad del decreto
El Consejo de Estado ha cuestionado la legalidad del real decreto, argumentando que este excede las competencias reglamentarias y aborda elementos que requerirían una ley específica. El órgano consultivo recuerda que el intento previo del Ministerio de Trabajo de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales a través de una ley fracasó en el Congreso.
Según el Consejo de Estado, el reglamento no puede imponer un registro digital si no existe una ley previa que lo autorice. Además, considera que el decreto impone nuevas obligaciones y cargas a empresarios y trabajadores, sobrepasando el ámbito de la potestad reglamentaria. Esto podría acarrear la nulidad por infracción del principio de legalidad de varios artículos del decreto.
Problemas con la protección de datos
Otro punto crítico señalado por el Consejo de Estado es el incumplimiento de la legislación sobre protección de datos. Se basa en la resolución desfavorable de la AEPD, que advirtió sobre la necesidad de un informe de riesgos en materia de protección de datos, inicialmente ausente, y expresó dudas sobre la garantía de la protección de datos en relación con el acceso de terceros al registro.
A pesar de las justificaciones del Ministerio de Trabajo sobre la proporcionalidad de los datos exigidos y su acceso por la representación de la plantilla, el Consejo de Estado considera que la información proporcionada no justifica suficientemente la iniciativa normativa, que afecta al derecho constitucional a la intimidad de los trabajadores.
Reacciones sindicales y perspectivas futuras
Los sindicatos CCOO y UGT han manifestado su rechazo al dictamen del Consejo de Estado, criticando su “llamativo” celo respecto a la protección de datos y sugiriendo que se corre el riesgo de proteger a las empresas incumplidoras en lugar de a los trabajadores.
Aunque el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, su negativa complica la viabilidad del decreto, especialmente de cara a su aprobación por el Consejo de Ministros, donde podría encontrar reticencias, por ejemplo, del Ministerio de Economía. Este último aboga por facilitar la adopción de la medida por parte de las empresas, especialmente las pymes, con periodos de adaptación suficientes.
El Ministerio de Trabajo ha asegurado que tendrá en cuenta los informes, siempre que no desnaturalicen el objetivo de la norma: garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, las compensaciones por horas extras y la revisión por la Inspección en formato digital. La negociación con los sindicatos no se reabrirá, dado el acuerdo alcanzado tras 11 meses de diálogo social.
Sin embargo, la patronal podría presentar recursos judiciales contra la medida, lo que añade incertidumbre a su futuro, incluso si el real decreto es aprobado en el Consejo de Ministros.
