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El Gobierno español, impulsado por la ministra Yolanda Díaz, ha aprobado un real decreto que extiende los contratos de alquiler, permitiendo a los inquilinos prorrogar sus contratos incluso si el propietario desea recuperar la vivienda. Esta medida, destinada a proteger a los inquilinos, ha generado un profundo descontento en el sector inmobiliario.

Impacto en Cantabria: Entre 6.000 y 8.000 Contratos Afectados

En Cantabria, la normativa afecta a entre 6.000 y 8.000 contratos de alquiler, involucrando a aproximadamente 5.000 propietarios. Según Agustín Martínez, secretario de AFICAN, asociación que agrupa a varias inmobiliarias en la región, el malestar entre los propietarios es palpable. Martínez considera que el decreto llega en un momento inoportuno, dificultando los esfuerzos para aumentar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler y generar confianza entre los propietarios.

Malestar por la Imposición y la Falta de Diálogo

Martínez ha enfatizado que el descontento de los propietarios no radica tanto en la renovación o el límite al aumento del precio, sino en la imposición “por imperativo de orden”, sin contar con ellos.

Denuncia que se están trasladando a los propietarios responsabilidades que deberían asumir las administraciones públicas, considerándolo una solución fácil para el Gobierno que perjudica al ahorrador.

Pequeños Propietarios: El Perfil del Arrendador en Cantabria

Martínez destaca que la mayoría de los arrendadores en la región son pequeños propietarios, con una o dos viviendas, que complementan sus ingresos o pensiones. Según sus datos, más del 93% de los arrendadores entran en esta categoría, descartando la especulación por parte de grandes fondos de inversión.

Alcance y Condiciones del Real Decreto

El decreto permite a los inquilinos solicitar una renovación anual de sus contratos hasta un máximo de dos años, incluso sin el consentimiento del propietario. Además, limita el aumento de la renta durante estas prórrogas a un máximo del 2%, independientemente del IPC, en un contexto de inflación prevista superior al 3% o 4%.

Posible Anulación Judicial y Consecuencias a Largo Plazo

Los servicios jurídicos de AFICAN consideran que el decreto podría ser anulado por los tribunales, aunque el proceso sería lento, con consecuencias ya consumadas para cuando se dictamine la sentencia. La principal consecuencia, según Martínez, es la inseguridad jurídica, que lleva a muchos propietarios a considerar la venta de sus viviendas en alquiler.

Tampoco descarta un aumento de la economía sumergida y los alquileres sin contrato.

Excepciones Limitadas para la Recuperación de la Vivienda

El real decreto contempla excepciones muy limitadas para que un propietario pueda recuperar su vivienda, restringiéndolas a motivos personales justificados, como la necesidad de la vivienda para uso propio, pero excluyendo razones económicas.

Inseguridad Jurídica y Desconfianza en el Sector

En conclusión, Agustín Martínez insiste en que el principal problema no es la contención de precios, sino la inseguridad jurídica y la desconfianza que provoca en el sector, lo que traerá “consecuencias negativas, seguro” para el mercado del alquiler.