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El controvertido caso de los murales de Sijena suma un nuevo episodio. Mientras la jueza Rocío Pilar Vargas, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, analiza la documentación aportada por el MNAC y Aragón para determinar la devolución de las pinturas y su cronograma, cinco exconsejeros de Cultura de la Generalitat han presentado una querella.

La querella busca establecer responsabilidades administrativas en caso de que el traslado de los murales cause desperfectos o daños al patrimonio.

Los exconsejeros querellantes son Lluís Puig, Joan Maniel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa, todos ellos responsables de la cartera de Cultura durante el largo proceso judicial que culminó con la sentencia del Tribunal Supremo en mayo pasado.

Esta acción legal añade más tensión a un caso que está a la espera de la decisión final de la magistrada, quien debe determinar el calendario de devolución basándose en los informes presentados por ambas partes. Según declaraciones de Puig a TV3, los exconsejeros se sienten “obligados como ciudadanos a ejercer su responsabilidad para preservar el patrimonio”.

Los querellantes critican lo que consideran una irresponsabilidad institucional si las piezas sufren daños durante el traslado, dado que existen numerosos informes internacionales que desaconsejan la operación.

Además, apuntan al Ministerio de Cultura y a su titular, Ernest Urtasun, por supuesta dejadez de funciones al no proteger un patrimonio que consideran de todos los españoles. Argumentan que el Ministerio no encargó un informe propio al Instituto del Patrimonio Nacional para evaluar la viabilidad del traslado, como sí se hizo en casos como el de la Dama de Elche o el Guernica.

Según los exconsejeros, la antigüedad de las pinturas murales, datadas alrededor del año 1200, y el hecho de que hayan sobrevivido a un incendio, deberían haber reforzado su protección.

Aragón califica la querella como una maniobra de intimidación para obstaculizar el cumplimiento de la sentencia del Supremo que establece la titularidad aragonesa de las obras.

No obstante, recuerdan que la propia sentencia condiciona la devolución a la inexistencia de riesgos para las piezas, aspecto que actualmente está siendo evaluado por la jueza a través de los informes presentados por el MNAC y Aragón.

Pedro Olloqui, director general de Cultura del gobierno de Aragón, considera que esta acción “traspasa los límites del estado de derecho y de la política”.