El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ha renovado su etapa al frente de la institución, donde ejerce desde 2021, con un análisis de los principales desafíos que enfrenta la justicia en la provincia. Con un volumen de trabajo que ha superado las 35.000 causas solo en el último año, la Fiscalía pone el foco en fenómenos como el narcotráfico, la violencia de género, la proliferación de construcciones ilegales y el seguimiento de la compleja investigación por el accidente ferroviario de Adamuz.

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz se ha convertido en una de las máximas prioridades para la Fiscalía. Sobrón ha destacado que la implicación fue total desde el primer momento, con un fiscal en contacto permanente durante la noche del siniestro y su propio desplazamiento al lugar a primera hora. Este seguimiento es “constante, con comunicaciones prácticamente diarias entre el equipo de fiscales y el propio fiscal jefe para conocer la evolución de la investigación que dirige el juzgado”, ha asegurado. 

Para garantizar la máxima dedicación a este complejo caso, se han incorporado dos fiscales de refuerzo que se encargan de descargar el trabajo ordinario del fiscal titular del caso.

Además, se ha establecido una coordinación interna para gestionar las piezas separadas correspondientes a cada una de las víctimas, una labor que ha sido asignada a la fiscal especialista en seguridad vial por su experiencia en la materia.

Otro de los puntos calientes en la provincia es el incremento de las causas por delitos contra la salud pública. Aunque Sobrón evita confirmar si esto se debe a un aumento del tráfico de droga, sí subraya que la respuesta policial está siendo “importante y contundente”. Ha aclarado que, si bien no existe un delegado de la fiscalía antidrogas como tal en Córdoba, sí hay un fiscal coordinador con gran experiencia que trabaja en contacto directo con las fuerzas de seguridad desde el inicio de las investigaciones en grandes operaciones de la provincia.

En este sentido, el fiscal jefe ha querido matizar las informaciones que apuntan a retrasos de hasta diez años en el enjuiciamiento de estos delitos en buena parte de Andaucía. Si bien admite que algunas investigaciones “son complejas”, asegura que en Córdoba los plazos de enjuiciamiento no son tan largos, especialmente en la capital, aunque reconoce que siempre se debe trabajar para acortar los tiempos de respuesta de la justicia.

La sección de violencia sobre la mujer también ha sido uno de los ejes de actuación de la Fiscalía, que ha visto reforzada su plantilla con dos fiscales más.

Esta ampliación responde a la necesidad de afrontar el aumento de trabajo derivado de la comarcalización, que ha supuesto que los juzgados de Córdoba asuman los casos de violencia de género de partidos judiciales como Pozoblanco, Lucena y Cabra.

Sobrón ha explicado que la Fiscalía se anticipó a este cambio, estableciendo una “coordinación directa” entre los fiscales de los distintos territorios para asegurar una transición sin problemas. Actualmente, “se realiza un seguimiento exhaustivo de la procedencia de cada asunto para disponer de datos concretos que permitan tomar futuras decisiones sobre la carga de trabajo y los recursos necesarios”, ha explicado.

Una de las mayores preocupaciones expresadas por el fiscal jefe es la persistencia de la construcción en suelo no urbanizable. Ha alertado de que “se sigue construyendo fuera de ordenamiento” y ha recordado que la Fiscalía actúa con contundencia ante estos hechos. El procedimiento habitual es iniciar una investigación para determinar si existe un delito contra la ordenación del territorio y, en caso afirmativo, presentar una denuncia. 

Sus declaraciones se producen tras los últimos acontecimientos derivados de las inundaciones en parcelaciones ilegales del extrarradio de Córdoba, en las que más de 1.000 personas tuvieron que ser desalojadas por los peligros derivados del último tren de borrascas el pasado mes de febrero.

El Ayuntamiento de Córdoba lleva años advirtiendo de su intención de que algunas de esas viviendas -todas sin inquilinos -sean demolidas, pero ha admitido la dificultad del procedimiento. 

Sobrón ha sido tajante al afirmar que en los escritos de acusación se pide “siempre” la demolición de lo construido ilegalmente, una solicitud a la que, según ha indicado, “los jueces suelen acceder”. Ha insistido en que esta práctica ilegal supone un “perjuicio para todos los ciudadanos”, al margen del debate sobre el derecho a la vivienda, y que la Fiscalía tiene la “obligación de acusar” a quienes cometen estos delitos.

Finalmente, respecto a la delincuencia entre menores de edad, área en la que estuvo especializado, ha señalado que se ha producido un incremento de menores investigados, más que de asuntos tramitados. Aunque delitos como el acoso o las agresiones sexuales a través de nuevas tecnologías preocupan a la Fiscalía, asegura que no han supuesto un aumento desproporcionado. Finalmente, el fiscal jefe ha defendido que la jurisdicción de menores ofrece una justicia individualizada que busca entender los motivos del delito para ayudar al joven: “Es una de las pocas secciones judiciales en las que se conoce cada caso desde el inicio y el tratamiento es muy cercano”, sentencia.