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El Ministerio de Cultura está en el ojo del huracán tras ser acusado de encubrir presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental en la Fundación Instituto de Cultura Gitana, una entidad pública que ha recibido más de siete millones de euros de fondos públicos desde su creación en 2007.

Informes internos alertaron sobre las irregularidades

Hasta tres informes internos instaron a la Subsecretaría de Cultura a tomar medidas, incluyendo la derivación del caso a la Fiscalía, pero estas advertencias fueron ignoradas. El principal señalado es Diego Fernández Jiménez, un ex directivo de la fundación que fue destituido el año pasado, aunque los motivos de su cese se mantuvieron ocultos.

Dietas de kilometraje sospechosas

Una auditoría de los gastos de la fundación en 2023 reveló graves irregularidades, especialmente en las dietas de kilometraje. Según un informe, se detectaron “inconsistencias que hacen levantar las dudas sobre dichos gastos”. La inspección descubrió que estas prácticas fraudulentas se remontaban a 2009.

En ese año, los gestores de la fundación cobraron dietas por 110.000 kilómetros, supuestamente recorridos en sus vehículos privados.

El modus operandi consistía en inflar los gastos de desplazamiento, presentando viajes largos que podrían haberse realizado en tren o avión a un costo menor. La fundación evitaba comprar billetes de transporte más económicos para poder reclamar el dinero del supuesto desplazamiento en vehículo propio, junto con la dieta de comida.

Evidencias de fraude sistemático

Las pruebas apuntan a un fraude sistemático. Se detectaron casos en los que una misma persona cobró dietas por estar en un hotel en una ciudad y, al mismo tiempo, participar en un evento en otra. Incluso, hay registros de personas que percibieron dos dietas para dos desplazamientos de larga distancia distintos el mismo día.

Un ejemplo concreto es el de Diego Fernández, quien habría viajado de Madrid a Jaén y de Madrid a Córdoba el mismo día.

Además, se constató que las dietas se calculaban desde Madrid, aunque los perceptores no residieran en la capital.

Otros gastos cuestionables

La inspección también encontró un gasto de más de 4.000 euros por el alquiler de un local para un evento que nunca se realizó. Además, se sospecha que se modificaron facturas para justificar la subvención pública de 350.000 euros anuales.

Denuncia ante la Fiscalía

Ante la gravedad de las irregularidades, el Centro de Coordinación de Industrias Culturales recomendó al ministerio denunciar los hechos ante la Fiscalía, pero esta acción no se llevó a cabo. Finalmente, fue la Autoridad Independiente de Protección del Informante quien remitió el caso a la Fiscalía de Madrid, donde se han abierto diligencias de investigación.

La Subsecretaria de Cultura, María del Carmen Páez Soria, es la responsable directa de la fundación y presidenta de su patronato. A pesar de los informes desfavorables, desde el Ministerio de Cultura aseguran que no detectaron irregularidades significativas hasta 2025, cuando identificaron “1.630 euros que no cuadraban”.