La jueza de la DANA pone a Mazón ante el dilema de revelar sus comunicaciones y aclarar sus movimientos
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La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada del caso de la DANA, sitúa a Carlos Mazón ante una encrucijada crucial: proporcionar voluntariamente sus registros de llamadas y mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, día trágico con 230 fallecidos, o enfrentar la imagen de un expresidente bajo sospecha, reacio a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
Interrogatorio y posibles revelaciones
Mazón se enfrenta a un posible interrogatorio exhaustivo sobre su prolongada comida con Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, la posterior sobremesa, el paseo hasta un aparcamiento cercano y su tardía llegada al Palau de la Generalitat. Además, podría verse expuesto a la atención mediática y a las protestas de las víctimas a su llegada al Palacio de Justicia de Catarroja.
Contradicciones y versiones oficiales
Los movimientos de Mazón durante ese día no han sido completamente aclarados. Las declaraciones de sus escoltas y del conductor oficial contradicen las versiones oficiales ofrecidas por el Palau, sugiriendo un intento de ocultar la actuación del entonces presidente autonómico, quien optó por ausentarse ante la inminente catástrofe.
Admisión de falsedades
La jefa de prensa de Mazón admitió ante la jueza que las versiones proporcionadas a los medios sobre los movimientos del expresidente eran inexactas. Esta admisión pone en una situación comprometida tanto a Pérez Llorca como al Partido Popular valenciano.
El papel de las abogadas Nuria de Antonio y Virginia Masiá
La decisión de citar a Mazón como testigo se produce tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) de rechazar la exposición razonada de la jueza, argumentando falta de indicios sólidos y cuestionando el papel de garante del expresidente ante la emergencia. La jueza, tras este revés, ha aprovechado las diligencias solicitadas por las abogadas Nuria de Antonio, en representación del PSPV-PSOE, y Virginia Masiá.
Investigación de las comunicaciones
La instructora argumenta que, a pesar de que el TSJ-CV descartó la posición de garante de Mazón, la Audiencia Provincial de Valencia avaló la investigación de la comida en El Ventorro para esclarecer la toma de decisiones y las comunicaciones con el mando único, ejercido por la entonces consellera Salomé Pradas.
Declaración testifical necesaria
La jueza considera que la declaración testifical de Mazón es necesaria para conocer las decisiones adoptadas en el Cecopi, el momento en que se tomaron y su contenido.
Situación procesal actual de Mazón
La magistrada subraya la discrepancia entre la Audiencia de Valencia y el TSJ-CV, que ha modificado la situación de Mazón al cerrar la vía de su imputación. Sin embargo, la instructora no descarta la obtención de nuevos indicios que pudieran derivar en responsabilidades penales. Considera que las diligencias solicitadas por las acusaciones, relativas a los mensajes en los que intervino Mazón y la identificación de los receptores de la información, deben realizarse directamente con el exjefe del Consell.
Aportación voluntaria de pruebas
La jueza aclara que, al no tratarse de un delito doloso, la obtención de pruebas como el listado de llamadas y mensajes de WhatsApp está supeditada a la aportación voluntaria por parte de Mazón, para no comprometer el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones.
El precedente de Feijóo
La jueza acuerda la citación de Mazón, comunicándole la posibilidad de aportar voluntariamente el listado de llamadas y mensajes relacionados con la emergencia. Recuerda que otros testigos, incluyendo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya han autorizado el cotejo de sus comunicaciones o han aportado actas notariales con sus registros.
