La Guardia Civil ha investigado a 25 personas por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo en Mutxamel (Alicante). Los hechos se centran en la partida de Baiona Baixa, donde una parcela rústica fue dividida ilegalmente para su uso residencial.

La investigación arrancó en julio de 2025, cuando los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de Jijona tuvieron conocimiento de posibles actuaciones urbanísticas irregulares en un terreno clasificado como suelo no urbanizable.

Tras las primeras inspecciones, los agentes comprobaron que el terreno, de más de 12.000 metros cuadrados, había sido dividido en 14 subparcelas.

En ellas se habían instalado diferentes estructuras, como casas móviles y contenedores utilizadas como vivienda, suponiendo un cambio de uso del suelo sin la autorización correspondiente.

Las gestiones practicadas permitieron identificar a un total de 25 personas, de entre 25 y 67 años, todas ellas copropietarias del terreno principal. Según la investigación, habrían participado en la ocupación y uso de estas subdivisiones irregulares.

La Guardia Civil advierte que comprar una vivienda ilegal supone asumir riesgos económicos, legales y de seguridad, que pueden derivar en demoliciones, sanciones y la pérdida total de la inversión.

Además, estas construcciones irregulares carecen de garantías técnicas, lo que puede ocasionar daños materiales y dificultar el acceso a servicios básicos.

La investigación, que se ha desarrollado durante aproximadamente seis meses, ya ha sido remitida a la autoridad judicial competente, que continúa con la instrucción de la causa.