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Con la campaña de la Renta a punto de comenzar, miles de pequeños propietarios en España se enfrentan a la obligación de tributar por las rentas de alquiler exigibles, incluso si no las han cobrado debido a impagos u ocupaciones. Esta situación, advertida por la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), exige una planificación fiscal más rigurosa.

La obligación fiscal ante el impago

El Tribunal Económico-Administrativo Central ha establecido que los propietarios deben declarar los ingresos del alquiler en el momento en que estos son exigibles, independientemente de si han sido efectivamente cobrados. Según Pedro Bretón, CEO de SEAG, ni siquiera la presentación de una demanda de desahucio exime al arrendador de esta obligación fiscal. Esta normativa sitúa a muchos propietarios en una situación complicada, al tener que declarar ingresos que no han recibido.

Un ejemplo de esta situación se evidencia en la resolución del 24 de junio de 2025, basada en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que confirma que el impago no exime de la declaración mientras las rentas sean exigibles según el contrato.

Un caso concreto involucró a una propietaria suiza con un piso en España que, a pesar de no haber cobrado las mensualidades de 2018 y 2019, fue obligada a presentar sus declaraciones sin posibilidad de recuperar lo ingresado.

Recomendaciones para los propietarios

Ante este panorama, los especialistas aconsejan a los propietarios revisar detenidamente cómo declarar los ingresos pendientes de cobro, conservar pruebas de las acciones legales emprendidas contra los impagos y verificar qué gastos o deducciones pueden aplicar sobre el alquiler. La advertencia de SEAG se produce en un contexto de aumento de las incidencias en el mercado del alquiler.

Aumento de la morosidad y la ocupación

La morosidad media en el sector del alquiler se sitúa actualmente en torno a los 4.000 euros, con casos extremos que han llegado a alcanzar los 49.500 euros. A los impagos se suma el problema de la ocupación ilegal, con más de 16.400 denuncias registradas en España en 2024.

Según datos de Idealista, existen 23.010 viviendas ocupadas que se anuncian en venta, lo que representa casi el 3% del mercado. El análisis de SEAG revela una alta concentración territorial de estos conflictos, con Barcelona (27%), Madrid (14%) y Valencia (11%) liderando las estadísticas.

Medidas gubernamentales y situación del mercado

El Gobierno está considerando medidas a través del IRPF, incluyendo penalizaciones para los propietarios que aumenten los precios del alquiler al finalizar el contrato en zonas de mercado tensionado.

Por otro lado, ya se ofrece una reducción de hasta el 90% en el IRPF para aquellos propietarios que reduzcan la renta más de un 5% en un nuevo contrato en dichas zonas.

La presidenta de la patronal de promotores de Madrid (Asprima), Carolina Roca, ha calificado la situación como una emergencia social y ha demandado seguridad jurídica. El sector advierte de una caída del 83% en la producción de vivienda desde 2006 y estima que España necesitará más de tres millones de viviendas de alquiler en los próximos quince años.

Actualización de rentas: Aspectos legales

En cuanto a la actualización de rentas, un propietario puede aplicar la variación del IPC de los últimos cinco años, amparándose en el Código Civil. Sin embargo, el abogado inmobiliario Alberto Sánchez precisa que no se pueden reclamar las cantidades no cobradas de forma retroactiva, sino que la nueva renta actualizada se aplica a partir del mes siguiente a la notificación.