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La gestión de la Fundación Instituto de Cultura Gitana está bajo escrutinio por presuntas irregularidades que van más allá del cobro de dietas falsas y la falsificación de documentos para justificar subvenciones públicas, que ascienden a más de siete millones de euros desde 2009.

Un seguro de vida para el director con beneficiarios directos

Informes internos del Centro de Coordinación de Industrias Culturales revelan que la institución pública contrató un seguro de vida a nombre de su director, Diego Fernández, del cual sus hijos eran los beneficiarios. Un informe del 19 de febrero de 2025, elaborado por un vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cultura, indica que este hecho fue comunicado a la Intervención Delegada del ministerio, quien confirmó que la contratación de dicho seguro no es un gasto subvencionable.

La justificación presentada por los gestores de la fundación, alegando que el seguro se contrató para obtener mejores condiciones crediticias, fue desmentida por la Intervención del Estado, que verificó que los beneficiarios eran los descendientes del director y no la fundación.

El coste total del seguro ascendió a 3.212,37 euros entre 2022 y 2023, garantizando 50.000 euros en caso de fallecimiento o invalidez y 25.000 euros en caso de cáncer.

Salario y dietas bajo sospecha

Según los informes, Diego Giménez percibía un salario anual de 78.404,99 euros. Además, se le acusa de obtener entre 150 y 250 euros por cada dieta de kilometraje presuntamente falsa, sumado a otra dieta para manutención.

Estas prácticas, según los informes internos, se habrían repetido decenas de veces desde 2009 hasta su cese en 2025.

La Fundación Instituto de Cultura Gitana fue creada en 2007, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.