Ofensiva del Gobierno Central contra Leyes Clave del PP en la Comunidad Valenciana
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El Gobierno central ha puesto en marcha una ofensiva contra varias leyes impulsadas por el Partido Popular (PP) en la Comunidad Valenciana, con el respaldo de Vox. Esta acción se produce en un momento en que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso contra la ley de Costas.
Comisión Bilateral por Decreto de Simplificación Administrativa
Simultáneamente a la admisión del recurso contra la ley de Costas, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado un acuerdo para analizar un decreto de simplificación administrativa, uno de los primeros firmados por Juan Francisco Pérez Llorca, que incluye diversas reformas. La más controvertida es la modificación de la ley de ordenación del territorio que permite la construcción de vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos.
Específicamente, el Gobierno central cuestiona la creación de los “proyectos habitacionales locales”. Esta figura permitiría la construcción de viviendas de protección pública en solares vacantes no ejecutados, calificados como equipamiento, o en solares vacantes del patrimonio municipal.
La ley establece que la medida debe ser aprobada por mayoría absoluta en un pleno municipal, permitiendo la construcción de viviendas en terrenos destinados a usos escolares, sanitarios o deportivos.
La normativa, incluida en un decreto ómnibus, no especifica si la vivienda será de promoción pública o privada, ni la fórmula de adjudicación. La Generalitat podría ejecutar estos proyectos y adjudicar las viviendas directamente a través de la conselleria competente o de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.
El Gobierno central argumenta que esta regulación podría vulnerar la normativa estatal, ya que en suelo público solo se permite vivienda social, es decir, vivienda de titularidad pública o cedida para atender a colectivos vulnerables, y no una vivienda protegida al uso.
La Conselleria de Territorio defiende que la figura del proyecto habitacional local busca utilizar parcelas inutilizadas reservadas para dotaciones públicas para viviendas. Afirman que el objetivo es llegar a un acuerdo con el Gobierno central para que la medida pueda salir adelante.
La Generalitat Valenciana ha defendido que la reforma proporciona “herramientas a los ayuntamientos para realizar cambios más ágiles en cuanto al suelo dotacional y construir viviendas en suelos destinados a instalaciones municipales, con la condición de recuperar ese suelo en otras zonas”.
El Ministerio de Política Territorial explica que la comisión bilateral es un proceso para evitar el conflicto. Otros artículos del decreto de simplificación, relacionados con el acceso a archivos y documentación, también están siendo cuestionados.
Desde la conselleria de Hacienda y Administración Pública, se enfatiza que la apuesta de la Generalitat por combatir la hiperregulación es clara, buscando eliminar burocracia, agilizar trámites y facilitar la vida a las personas.
Recurso contra la Ley de Costas
La publicación del inicio de la comisión bilateral coincide con la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra la ley de Costas.
El Tribunal ha suspendido cautelarmente los artículos que protegen las viviendas construidas en los deslindes, que el Consell considera núcleos de valor tradicional y de interés etnológico del litoral. El Ejecutivo impugnó una treintena de artículos, la mayoría de los cuales fueron corregidos en una comisión bilateral, a excepción de estos dos artículos y una disposición adicional.
El Ejecutivo autonómico defiende la ley valenciana de costas como una herramienta clave para proteger viviendas, derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral, y asegura que defenderá la norma hasta el final ante el Constitucional.
La Conselleria de Territorio argumenta que núcleos costeros como playa Babilonia (Guardamar del Segura) o Torre la Sal (Cabanes) necesitan el respaldo de esta ley para defender las casetas de primera línea que se ven “amenazadas” por la inacción del Gobierno.
El PP valenciano insiste en que los deslindes no son una solución.
