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Una delegación conjunta de la Comunidad Valenciana e Italia, específicamente de la región de Emilia-Romaña, ha alzado la voz en Bruselas para expresar su profunda preocupación por el impacto devastador que podría tener la nueva normativa europea de emisiones (ETS) para el periodo 2026-2030 sobre la industria de baldosas cerámicas.

Un sector en riesgo

Ambas regiones concentran el grueso de la producción europea de baldosas cerámicas (80%), un sector que se enfrenta a una presión regulatoria sin precedentes. El sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), diseñado para reducir las emisiones de CO2, impone un coste al carbono que, según los representantes del sector, resulta insostenible.

La industria cerámica, intensiva en el uso de calor y dependiente del gas natural, argumenta que las alternativas de descarbonización, como los hornos eléctricos o el hidrógeno verde, aún no están disponibles a escala industrial en condiciones económicamente viables. A pesar de las importantes inversiones ya realizadas en innovación y la adopción de las mejores tecnologías disponibles, la ausencia de hornos eléctricos capaces de alcanzar las altas temperaturas necesarias impide una mayor reducción de emisiones.

La voz de los eurodiputados

La eurodiputada Susana Solís ha puesto de manifiesto la paradoja de la normativa, señalando que se exige a la industria cerámica una reducción de emisiones más rápida de lo que la tecnología actual permite. Esta situación, advierten, podría provocar la desindustrialización, el cierre de plantas o su traslado a países con estándares medioambientales menos exigentes, como China, India o Turquía.

Una petición clara: Realismo y revisión

La principal solicitud a la Comisión Europea es que adopte un enfoque realista y revise la normativa.

La propuesta concreta es congelar la reducción de los derechos de emisión gratuitos hasta que exista una tecnología disponible o se establezcan criterios adaptados a las particularidades de la industria cerámica. De no ser así, el sector en Castellón se enfrentaría a un coste adicional estimado entre 109 y 163 millones de euros anuales, lo que representa entre el 40% y el 60% de su beneficio neto.

En un contexto geopolítico marcado por conflictos bélicos e incertidumbre económica, que ya ha afectado a las exportaciones, el sector considera que esta nueva regulación es inoportuna y pone en peligro su competitividad.

Un apoyo unánime

La defensa del sector ha logrado un amplio respaldo. A la delegación, integrada por la consejera de Industria, la presidenta de la Diputación de Castellón y alcaldes de la provincia, se ha unido la región italiana de Emilia-Romaña en un esfuerzo por “unir fuerzas”. El apoyo se extiende al Congreso de los Diputados y al Senado en España.

Un hecho destacable ha sido la unidad de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, un consenso que, según la eurodiputada Solís, es inusual.

Esta unión subraya la gravedad de la situación para un sector estratégico que genera 38.000 empleos directos y más de 120.000 indirectos en la cadena de valor.

Próximos pasos

El siguiente paso es mantener un diálogo continuo con la Comisión Europea para que establezca criterios específicos para la cerámica y apruebe con urgencia la congelación de la reducción de derechos de emisión, una medida que el sector considera esencial para su supervivencia.