Aprobada en España la ley que endurece el castigo a hurtos reincidentes
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El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la ley de multirreincidencia, una normativa que endurecerá las penas para los autores reincidentes de hurtos menores en el Código Penal. La aprobación se logró gracias al apoyo del PSOE, PP, Vox, Junts y PNV.
Detalles de la votación y el proceso legislativo
La iniciativa, promovida originalmente por Junts, había sido reactivada por el PSOE en un intento de mejorar las relaciones con la formación independentista. Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG votaron en contra, mientras que ERC optó por la abstención, reflejando la incomodidad que el tema genera en el partido.
Tras su segunda revisión en el Congreso, la ley será aplicable una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Cambios clave en la legislación
La ley endurece las penas por hurto en dos situaciones específicas: casos de multirreincidencia y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. En estos casos, la pena podría alcanzar hasta tres años de prisión. Además, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que los ayuntamientos puedan ejercer acciones penales contra estos delincuentes, incluso si la Fiscalía no lo hace.
También se aprobó una enmienda que incrementa las sanciones por el robo de fluido eléctrico destinado a actividades como el cultivo de marihuana.
Contexto político y justificaciones
El PSOE, a pesar de las críticas de sus socios de izquierda, defendió la ley argumentando que surge de una necesidad planteada por alcaldes que lidian con la multirreincidencia como un problema de seguridad ciudadana. Francisco Aranda, diputado socialista, afirmó que “se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda, porque seguridad y derechos no son opuestos, son la misma cosa”.
Junts, por su parte, ha endurecido su discurso sobre seguridad ciudadana, influenciado por la competencia de Aliança Catalana y las demandas de sus alcaldes. Marta Madrenas, diputada de Junts, negó que la seguridad sea una cuestión de ideologías y criticó las acusaciones de racismo contra la ley.
Críticas y abstenciones
Sumar criticó la ley calificándola de “populismo punitivo”, argumentando que aumentar las sanciones no resolverá el problema de los hurtos y solo contribuirá a aumentar la población carcelaria. Enrique Santiago, diputado de Sumar, señaló que sería más efectivo invertir en formación profesional para jóvenes.
ERC justificó su abstención argumentando que, aunque no quiere contradecir a algunos de sus alcaldes que piden medidas más duras contra los hurtos, considera que las políticas de seguridad deben abordarse de manera integral, evitando el “populismo punitivo”.
