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La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha manifestado su satisfacción por la solicitud del Defensor del Pueblo de investigar la explotación sexual de menores tutelados, según se recoge en el informe de la institución presentado en el Congreso. Esta petición coincide con lo solicitado por el episcopado en el acuerdo firmado con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el pasado 8 de enero.

Acuerdo con el Defensor del Pueblo: El acuerdo permite que la oficina del Defensor del Pueblo reciba casos de víctimas que no deseen acudir directamente a la Iglesia.

La CEE subraya que este procedimiento es complementario, no alternativo, y por lo tanto, las condiciones deben ser las mismas para todos los casos.

Exención fiscal para víctimas: El Defensor del Pueblo ha reiterado la necesidad de eximir fiscalmente las indemnizaciones recibidas por las víctimas de abusos, algo que actualmente solo se aplica en Navarra.

Evitar duplicidades en la gestión de casos

La Iglesia insiste en la importancia de evitar duplicidades en la gestión de los casos, tal y como se estableció en el acuerdo del 8 de enero. Los obispos consideran fundamental que no existan dos acuerdos distintos sobre el mismo caso, advirtiendo que modificar esta condición implicaría cambiar los términos del acuerdo firmado con el ministro Bolaños.

Según el acuerdo, la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá una vía de reparación, que será analizada por la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia.

En caso de discrepancia en la valoración, una comisión mixta estudiará el caso, y la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal o de la CONFER, según corresponda.

Procedimiento del PRIVA

La CEE destaca que el procedimiento creado por el PRIVA no es una obligación legal, sino una cuestión estrictamente moral que la Iglesia se ha impuesto para acoger a las víctimas que no han podido acudir a la justicia. Subraya que este procedimiento funciona, acoge a las víctimas y ofrece reparaciones superiores a las dictadas por sentencias civiles.

Además, el procedimiento permanecerá abierto incluso si no se llega a un acuerdo, ya que su propuesta es de reparación integral, que abarca tanto lo económico como el acompañamiento, la acogida y el encuentro con las víctimas.