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Un grupo de aproximadamente treinta personas se concentró frente al edificio de la Xunta en la plaza de España de Ferrol, exigiendo mejoras urgentes en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Souto de Leixa.

Quince años de gestión privada y crecientes deficiencias

Este recurso público, gestionado por entidades privadas durante los últimos quince años, enfrenta, según los manifestantes, “problemas estructurales y de personal que vulneran los derechos básicos de los residentes”. La protesta fue organizada por la ‘Plataforma en defensa dos dereitos das persoas residentes no Souto de Leixa’.

Beatriz Sánchez, familiar de uno de los usuarios, explicó que la privatización de la gestión en 2010, con la entrada de la empresa Samaín-Clece, resultó en “una degradación progresiva de la atención”, generando numerosas quejas por parte de familias, entidades y sindicatos.

Nuevo adjudicatario, problemas persistentes

A pesar de que la gestión del centro fue adjudicada a la entidad y Fundaciones Hospitalarias en mayo de 2025, tras la presión social ejercida por la plataforma, las quejas persisten.

Según Sánchez, los pliegos de licitación, elaborados por la Xunta, “no dejan margen para mejorar la calidad del servicio”.

La portavoz criticó que los pliegos mantienen el mismo número de profesionales exigido desde hace 15 años, ignorando el “historial de quejas” y las situaciones que afectan la “calidad de vida y seguridad de las personas residentes”, así como la “calidad y seguridad laboral de los trabajadores”.

“Los derechos de las personas usuarias nunca serán reales mientras la Xunta niegue los recursos necesarios para hacerlos efectivos”, enfatizó Sánchez.

Problemas graves y falta de recursos

Entre los problemas más graves denunciados se encuentra la falta de personal, que provoca “agresiones, falta de medios para la prestación de cuidados básicos, dificultades para la prevención y la adecuada intervención sobre problemas de conducta”. También se señalan “grupos sobredimensionados que impiden una atención personalizada y de calidad, y personal insuficiente para el desenvolvimiento de programas educativos o para el acompañamiento en actividades que fomenten la inclusión”.

A estos problemas se suman las deficiencias estructurales del edificio, que incluyen “filtraciones y goteras abundantes en diferentes pabellones, atascos en los baños debido al mal estado de los tubos, falta de camas articuladas, ausencia de una grúa para acceder al vaso terapéutico y el único ascensor del centro sin funcionamiento”.

La plataforma subraya que estas cuestiones son “responsabilidades inexcusables de la Xunta de Galicia como titular del centro”.

Demandas y advertencias

La concentración concluyó con una serie de reclamaciones, incluyendo inversiones para solucionar las necesidades estructurales del edificio, la activación de protocolos ante problemas de conducta, formación del personal y la modificación de las ratios.

Los familiares han advertido que continuarán movilizándose hasta que se atiendan “medidas que contribuyan de hecho inmediato a una mejora objetiva de las condiciones de vida de las personas residentes” y se garantice “la calidad y la dignidad de los servicios que se prestan”.