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El reciente arresto en Algeciras de un profesor universitario marroquí, tras abandonar a sus dos hijos menores en Bilbao, ha desatado una nueva controversia sobre la utilización del sistema de protección social en Euskadi. Raquel González, portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales de Bizkaia, afirma que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de un “modus operandi” ya detectado en otras ocasiones en la región.

“Los traen aquí como si esto fuera un campamento de verano, y eso no lo podemos permitir”, declaró González, mostrando su preocupación por la situación.

Riesgo para Menores No Acompañados

La portavoz popular advierte que estas acciones ponen en riesgo el futuro de los menores no acompañados que realmente necesitan atención. Según González, la llegada de personas que califica como “caraduras” reduce los recursos disponibles para quienes sí los necesitan. Para ella, esta situación tiene una doble consecuencia negativa: “quiebran la confianza del ciudadano” y “revientan la solidaridad”.

Por ello, insiste en una medida que el PP defiende desde hace tiempo: “Cuando llegan menores no acompañados, quizá una de las opciones importantes sería buscar a sus familias”.

Críticas al Modelo de la RGI

El modelo actual de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) también es objeto de críticas por parte del PP.

Un estudio realizado por el partido en cinco municipios vizcaínos concluye que el sistema “cronifica el paro”. Según sus datos, “el 40% de los perceptores lleva cinco años atrapado en el sistema”, sin contar a pensionistas y personas con discapacidad.

González considera “obligatorio” vincular la ayuda a una formación real y orientada al empleo, argumentando que hay personas que reconocen que no les compensa aceptar un trabajo por un sueldo similar o inferior a la RGI.

Para la portavoz del PP, el problema reside en que “la puerta de entrada en la RGI es bastante amplia, pero la puerta de salida es mínima”. Defiende que se debe orientar a los beneficiarios hacia una salida laboral, no solo por su propia autoestima, sino para que “vuelvan también ellos a aportar al sistema para ayudar a otros”.

Gestión del Patrimonio Foral

La gestión del patrimonio foral también ha sido objeto de fiscalización por parte del PP. González puso como ejemplo el caserío Tei, un edificio histórico del siglo XVIII en la reserva de Urdaibai, que la Diputación compró en 1990 y ha mantenido “durante 36 años vacío, deteriorándose” y generando gastos de mantenimiento y seguridad.

La portavoz lamenta que no se haya aprovechado para cubrir necesidades sociales, como “una residencia de grandes dependientes o de menores con discapacidad que no tienen plazas”.

Denuncias en Residencias

Finalmente, González ha calificado de “dantesca y realmente estremecedora” la situación denunciada por familiares en la residencia Tavira Berry de Durango, y ha señalado que no es un caso único, ya que se han relatado sucesos similares en centros de Portugalete y Alonsotegi. El PP ha solicitado la comparecencia de la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegui, y exige que “todo el sistema de las plazas concertadas de la diputación debería ser revisado”, dado que hay “deficiencias gravísimas” en algunas de ellas.